El artículo 30-B del Código Fiscal, aprobado por la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico 2026, abre “la puerta a la vigilancia masiva, vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo la información de millones de usuarios y empresas”, advirtió la Asociación de Internet MX (AIMX).
En un pronunciamiento público sobre el tema, la organización señaló que si bien esta reglamentación se presenta como un elemento de control fiscal, tiene varios “puntos delicados”, como riesgos a la privacidad; amenaza a la ciberseguridad; sanciones desproporcionadas y eventuales daños económicos.
De ahí que lanzó un llamado al Senado de la República para que reconsidere esta medida antes de su aprobación definitiva, al tiempo de proponer una alternativa “más segura, justa y funcional para fortalecer la recaudación sin vulnerar derechos fundamentales”.
Con esta normatividad, considera la AIMX, “el país correría el riesgo de seguir el ejemplo de países autoritarios que han recurrido a la vigilancia masiva como instrumento de control económico sobre las empresas”.
Además, recordó que antes de la aprobación, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y actores de la industria digital alzaron la voz sobre los riesgos, pero las observaciones “no fueron escuchadas plenamente en esta parte del proceso legislativo”.
Pese a que se dice que se trata de una medida fiscal, en realidad esta determinación podría violar los derechos humanos, al contravenir el artículo 16 Constitucional según el cual ningún mexicano puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones sino con un mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado.
Además, implica un fuerte daño a la economía digital, al abrir la puerta a la sobreexposición de secretos industriales y castiga a las MiPyMes que hoy dependen del internet para sobrevivir.
La medida “incrementa enormemente los riesgos de ciberseguridad, pues si se exige emparejar los sistemas gubernamentales con sistemas de alto tráfico en la nube, “los delincuentes cibernéticos podrían interceptar esa comunicación continua si las conexiones no están debidamente resguardadas”.
Por supuesto, el nuevo artículo recién aprobado por la Cámara Baja, debilita la confianza en las instituciones e implica riesgos para el Estado mexicano, pues imponer medidas que buscan centralizar el poder digital del Estado “suele ser contraproducente”.
Y si bien “la Comisión de Hacienda y Crédito Público hizo modificaciones al texto propuesto en la iniciativa original, consideramos que éstas no son suficientes para remediar los daños y riesgos descritos por la Asociación de Internet MX y numerosas organizaciones de la sociedad civil”.
La AIMX reconoció la legítima preocupación del Estado por combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, pero consideró que esto no debe lograrse a costa de sacrificar los derechos fundamentales; “sí a la recaudación justa, no a la vigilancia indiscriminada”.
La Asociación reiteró su disposición a ofrecer su experiencia técnica, jurídica y de análisis para colaborar de manera constructiva con el gobierno de México. “Nuestro objetivo es diseñar un marco fiscal digital que cumpla con su función recaudatoria y, al mismo tiempo, fomente la innovación, la inclusión y el desarrollo económico”.
En ese sentido propuso eliminar la obligación del acceso inmediato, sustituyéndolo por auditorías selectivas con orden judicial fundada y motivada; privilegiar los modelos de actualización periódica que podrían ser de 48 o 72 horas; limitar el alcance de los datos únicamente a la información fiscalmente relevante, sin arriesgar la privacidad de datos personales y garantizar que la recaudación de este artículo tenga equivalencia funcional y coherente con el derecho positivo mexicano.
También se sugiere implementar candados para proteger a sectores industriales; establecer mecanismos seguros de acceso; aplicar sanciones proporcionales y escalonada; iniciar una fase piloto para probar el modelo; incluir regímenes simplificados y proporcionales para las MiPyMEs y mantener el principio de la responsabilidad limitada de los intermediarios.
“Estamos a tiempo”, señaló la asociación, al afirmar que la privacidad de las personas y las empresas no son privilegios, sino derechos. “Abramos juntos la puerta para mejorar la recaudación, pero sin vulnerar derechos fundamentales”.
Finalmente, las firmas que integran la AIMX hicieron un llamado al Senado de la República, para que en la versión final del documento se tomen en cuenta estas consideraciones y no permita que el artículo entre en vigor con su redacción actual.
C$T-GM
