Integrantes de la industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información, pidieron al Senado de la República considere la realización de un Parlamento Abierto en torno a la iniciativa legislativa que busca modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para implementar un Sistema de Remuneración por Copia Privada, lo que podría denominarse “moche digital”.
El documento legislativo, explicó la Canieti, pretende aplicar a fabricantes o importadores de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual, un pago compensatorio por el uso de una obra protegida por el derecho de autor.
En un comunicado, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) reiteró su oposición a la propuesta presentada por los senadores Ricardo Monreal y Alejandro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena, Miguel Ángel Osorio, del PRI, y Miguel Ángel Mancera, del PRD.
“En su caso, se sugiere la realización de un Parlamento Abierto en el Senado de la República en el que podamos, junto con los demás actores del ecosistema interesados, exponer y ampliar los comentarios manifestados a través de ese tipo de ejercicios democráticos, y se abra la discusión de la iniciativa al estar directamente relacionados con su contenido y alcances”.
La Canieti explica que al igual que la iniciativa del entonces diputado Sergio Mayer, que fue desechada en 2021 por contener excesos legislativos, el documento que se encuentra actualmente en proceso de estudio en el Senado de la República, también plantea hacer suposiciones sobre las acciones de los sujetos o bienes por los que, en apariencia, podrían o no violentarse los derechos de autor y conexos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor.
En los términos de la iniciativa, todos los fabricantes e importadores, y en agregado los consumidores o usuarios finales de aparatos, dispositivos y soportes tecnológicos, serán considerados “piratas” o “no autorizados”, por el simple hecho de fabricar, comercializar, distribuir, importar, adquirir o usarlos.
“Sin excepción, la posible ‘piratería’ no debe resarcirse mediante cuotas o compensaciones, sino por el ejercicio puntual de las correspondientes acciones civiles, administrativas y penales, basadas en un Estado de Derecho funcional”.
En este supuesto, el impacto se trasladará también a otros bienes, mercancías o procesos de la industria automotriz, de autopartes, eléctrica, médica, farmacéutica, bancaria, de seguros, turística, de la educación, de seguridad, de radio y televisión, cinematográfica, entre otras, que también son usuarias de aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual lícita de obras de autor.
La Canieti subrayó que la propuesta legislativa criminaliza la tecnología “per se”, sin importar el uso que se le dé, toda vez que el pago de la remuneración compensatoria pretendida se basa simplemente en la posibilidad de que un equipo pueda ser utilizado para reproducir o realizar una copia, sin tomar en cuenta el uso efectivo que en realidad se le dé, presumiendo que con los dispositivos se harán copias de obras protegidas.
“La remuneración compensatoria será equiparable a un impuesto, un derecho, una contribución, un gravamen o una aportación, creado de manera arbitraria e inequitativa, basado en casos ocurridos en países que no necesariamente representan la realidad nacional”.
Esto, proporcionalmente recaerá en el consumidor o usuario final, quien seguramente vería un alza en los precios de los aparatos, dispositivos, soportes tecnológicos o cualquier otro que permita la copia o reproducción sonora, visual o audiovisual de obras conocidas o por conocerse.
Además, la remuneración compensatoria pretendida violentará el derecho constitucional de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
En los términos de la iniciativa, la aplicación de dicha medida afectará los avances logrados en la eliminación de desigualdades en la brecha digital, por ejemplo, tratándose del equipamiento de una computadora personal con acceso a Internet, por nivel de ingreso, por parte de un estudiante, un profesionista o, inclusive, una PyME”.
“Hacemos patente una vez más el compromiso de la industria electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la información afiliada a este organismo empresarial, para trabajar de forma permanente a favor del cumplimiento de las leyes, en este caso, la relacionada con el derecho de autor”.
C$T-GM
