La iniciativa exige amplio debate multidisciplinario.
Toda iniciativa que busque regular la operación de la web debe considerar el carácter colaborativo que tiene Internet, así como eventuales riesgos e implicaciones que ello generaría, por lo que es oportuno que la propuesta del Senador Ricardo Monreal se analice bajo un amplio y multidisciplinario debate que prevenga afectaciones irreparables sobre el ecosistema digital en México.
Bajo esa premisa es que la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) manifestó algunas de las preocupaciones que le generó el análisis previo de la propuesta legislativa, destacando que la iniciativa no es garantista, pues crea todo un entramado legal para restituir cuentas canceladas, y además se pretende que el proceso de apelaciones de contenido en internet sea manual y esté sujeto a revisión y aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Al no ser facultad del IFT decidir en materia de libertad de expresión, el proyecto de ley propuesta tendría claras implicaciones y riesgos significativos tanto en ese derecho como en el acceso a la información y procuración de justicia.
De acuerdo con la definición de redes sociales incluida en la iniciativa, “prácticamente todos los servicios que se ofrecen en la capa de Internet estarían sujetos a ser controlados por un organismo público”, ello pondría en riesgo la naturaleza descentralizada y abierta de la red, “al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y trans-jurisdiccional”, con imposición de barreras de entrada lo cual claramente desincentivaría la innovación.
La ALAI asegura que la necesidad de obtener una autorización para la operación de “redes sociales relevantes” atenta contra el T-MEC en materia de trato nacional, al poner barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en Estados Unidos ni en Canadá, lo que generaría incertidumbre jurídica y limitaría el flujo transfronterizo de datos.
Aunado a ello, “esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica y el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales, de los que las MiPymes y organizaciones de la sociedad civil dependen para llegar a sus audiencias, sobre todo en tiempos de pandemia”.
La Asociación advierte que en la iniciativa no se dimensiona el volumen de cuentas, perfiles y contenidos que se dan de baja por violar las políticas de las plataformas mediante sistemas de Inteligencia Artificial (IA), y de la erosión técnica con la que ya operan las plataformas, lo que sumado a mayor regulación “afectaría desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en México”.
Por ello la ALAI hizo un llamado para incluir en la discusión a las distintas voces de la sociedad, a usuarios, organizaciones de derechos humanos y digitales, periodistas, académicos, estudiantes, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, para reducir una afectación permanente a la libertad de expresión de los mexicanos, a la innovación, a la seguridad en línea y a la economía digital.
«Manifestamos nuestro firme compromiso de participar en un diálogo abierto, coincidente con el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y que contemple la participación de todas las partes interesadas incluyendo al sector privado, la comunidad técnica, y la sociedad civil».
C$T-EVP