Una visión prospectiva, así como cooperación de entidades locales y federales son esenciales para un ecosistema en el que se puedan desenvolver las y los ciudadanos digitales; sin embargo, expertos consideran que el concepto de ciudadanía digital en México se relaciona erróneamente con el acceso a internet y la digitalización de servicios, por lo que hay mucho por hacer para cambiar el enfoque y comprender su alcance en todas las esferas.
“No podemos hablar de ciudadanía digital nada más enfocándonos a un tema de acceso a servicios digitales sin previamente haber capacitado correctamente al ciudadano digital y, además, sin tener toda la infraestructura y cooperación entre los diferentes órganos o entidades gubernamentales para que esto sea exitoso”, advirtió Cyntia Solís Arredondo, experta en ciberseguridad y protección de datos personales.
El concepto es más profundo, puesto que no basta con garantizar el acceso a internet ni con garantizar trámites digitales, ya que también tiene que ver con las capacidades del ser humano, por lo que las iniciativas de legislaciones que se propongan en la materia deben tener una visión más amplia.
“Necesitan tener una visión con prospectiva sí, muy importante, pero también de cooperación entre entidades federales y locales, porque de lo contrario no servirán de mucho… Si nada más se queda en dotar de estas herramientas, es una iniciativa que se queda muy corta, que lejos de ir en beneficio de la sociedad puede ponernos en más riesgos”.
Solís Arredondo recalcó que existen los instrumentos jurídicos para hacer valer los derechos digitales, sólo que la tutela no está bajo una sola normativa, por lo tanto también existen diferentes entidades o autoridades garantes de estos derechos, como sucede en varios países del mundo.
También parte del panel “Sociedad de la Información y Ciudadanía Digital”, Danya Centeno, Gerente de Políticas de Twitter México y Latinoamérica subrayó que es muy importante abordar el concepto de corresponsabilidad al abordar el de ciudadanía digital, porque las múltiples partes tienen derechos y obligaciones en el ecosistema digital, es decir, tanto los gobiernos como las personas que utilizan las plataformas.
Seguridad de los ciudadanos digitales
En la sociedad de la información, advirtió Daniel Regalado, Executive Advisor en Metabase Q, los gobiernos tienen un papel relevante, porque son los que necesitarán de equipos con personal especializado en ciberseguridad para la defensa de la infraestructura y de los ciudadanos digitales, aunque haya una brecha del talento a nivel global.
“Como país no tenemos este ejército de ciberdefensores, como lo tiene Estados Unidos, China, Rusia, Norcorea… si atacan hoy la infraestructura mexicana realmente no tenemos cómo (defendernos)… Es fundamental preparar a los ciudadanos mexicanos del futuro… porque al final del día si el gobierno necesita apoyo necesita que se sume más y más gente”.
En este punto, el oficial Víctor Alfonso Anguiano Hilerio, Adscrito a la Dirección General Científica en la Guardia Nacional, coincidió en que se necesita una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que abarque todos los ámbitos, mediante la cual se impulse una cultura de prevención de riesgos y de la denuncia de los delitos cometidos en el ciberespacio.
“Es necesario como Guardia Nacional que continuemos coordinándonos con las autoridades de los diferentes municipios, estados… El problema que tenemos es la falta de denuncia y eso afecta a la ciudadanía en este ecosistema en el cual estamos trabajando”.
Cynthia Solís, doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad Paris Saclay y Paris Sud, subrayó que a través de la gobernanza, involucrando a los múltiples actores interesados, es como se tendría que abordar el tema de la ciberseguridad, pero hacerlo conforme a la propia naturaleza de la tecnología.
Aunque existe el esfuerzo, porque hay diferentes policías cibernéticas estatales, agregó, lo recomendable sería que quien orquestara estas tareas sumara los esfuerzos de lo que ya existe, además de invertir dinero en capacitación e infraestructura, sin descuidar la cooperación nacional e internacional.
“El problema que tenemos no es de ausencia de diferentes iniciativas, ni de legislación, porque al final del día sí existe, pero no está homologada. En todos los estados tenemos reformas a los Códigos penales locales que atacan desde su perspectiva estas conductas, por ejemplo solo en 27 de 32 estados está tipificada la usurpación o suplantación de identidad”.
En el mismo sentido, Danya Centeno, recalcó que más que crear legislación quizá falten protocolos de actuación para que las normas existentes se puedan aplicar, así como invertir en capacitación, pero hacerlo de la mano con sociedad civil y las plataformas.
C$T-GM
