Con 75 votos a favor y 37 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos que de acuerdo con el dictamen, tiene la intención de facilitar a la ciudadanía la interacción con los gobiernos de los tres niveles, y que según los integrantes de Morena se busca acabar con la corrupción, aunque para la oposición en realidad es una concentración de poder.
Luego de un intenso debate, donde la oposición señaló la centralización, imposición, falta de cuidado en el federalismo, eliminación de contrapesos, la concentración de poder en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) –a la que se calificó como un “Big Brother”—y hasta se le calificó como “vigilancia estalinista”, la mayoría se impuso y la iniciativa se aprobó en sus términos.
En esta sesión del Senado que formó parte del Periodo Extraordinario de Sesiones, al que fue citado el Congreso de la Unión para desahogar alrededor de 30 cambios a leyes ya existentes y aprobación de otras nuevas, la senadora de Morena, Araceli Saucedo Reyes explicó a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, por qué es importante esta nueva legislación.
Dijo que hay hasta 523 trámites por entidad, hasta 144 en los municipios y a nivel nacional puede haber hasta 350 mil trámites y cada ciudadano en su vida adulta realiza hasta 486 trámites, 85 por ciento de los cuales se desahogan en los niveles municipal y estatal, con grandes costos para el ciudadano, por la pérdida de tiempo que ello implica.
Más aún, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2023 del INEGI revela que 83.1 por ciento de los ciudadanos reportó haber enfrentado problemas de corrupción de algún tipo durante la realización de trámites ante diversas oficinas públicas.
En ese sentido, consideró que con la aprobación de la Ley, se logra unificar todos los trámites bajo la tutela de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en los tres niveles de gobierno, sin pérdidas de tiempo y directamente en un solo portal que conjuntará toda la información de cada ciudadano a través del sistema LlaveMx, que permitirá realizar todos los trámites desde un celular o una computadora.
Esto permitirá terminar con la corrupción y agilizar la interacción de los ciudadanos con el gobierno, haciéndola más transparente. Este criterio lo sostuvieron en múltiples intervenciones los legisladores de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Empero, la oposición tenía otros datos.
La primera en levantar las banderas de alerta sobre las implicaciones de la Ley fue Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, quien advirtió que el fondo de esta legislación es el “interés por controlar toda actividad que realicen los ciudadanos”; se trata de una reglamentación que anula el federalismo y atropella el municipio libre y en lugar de eficientar trámites, elimina facultades de autoridades locales.
Estas facultades se centralizan en la ATDT, instancia a la que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión le atribuye 66 facultades, mientras esta nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, le atribuye otras 22 facultades más, lo que resultará “materialmente imposible” de cumplir.
Por su parte, Paloma Sánchez Ramos del PRI, advirtió que lejos de eliminar trámites esta legislación busca centralizar los datos de todos los mexicanos y está estructurada de tal forma que abre la puerta a la discrecionalidad, al abuso del poder, da paso al control, la centralización, el espionaje masivo y representa, en síntesis, “la muerte del federalismo”.
“De aprobarse la Ley en sus términos –dijo antes de la votación– la privacidad será cosa del pasado”.
En su oportunidad, la senadora por el PAN, María de Jesús Marmolejo, advirtió que con esta ley, “se pretende concentrar el poder en una sola agencia, dependiente del (Poder) Ejecutivo, eliminando contrapesos y poniendo en riesgo derechos fundamentales” y además advirtió que se busca crear un entramado de digitalización que requiere infraestructura, capacitación, seguridad informática “y no se invertirá un solo peso”.
Por parte del partido Morena, el Partido Verde y del Trabajo, varios senadores argumentaron que la Ley está hecha para facilitar la vida de los mexicanos y acusaron a la oposición de no quererla aprobar porque tienen intención de mantener sus privilegios y de seguir impulsando la corrupción en los trámites administrativos.
Incluso la petista Yeidckol Polevnsky, llegó a asegurar que la oposición tenía como “modus vivendi medrar a partir de burocracias perversas” y por eso esta ley con “visión de avanzada” terminará con esa cadena de corrupción. “¡Bienvenida esta maravillosa Ley que esperamos por tantos años!”, concluyó en tono festivo.
El debate subió de tono cuando la priísta Alma Carolina Vggiano Austria calificó a esta ley como un “sistema de vigilancia de corte estalinista” cuyo aspecto “más negativo y tóxico” es la creación de un expediente personal de todos los mexicanos, para crear una base de datos a la que no se sabe qué funcionarios tendrán acceso ni cómo interactuarán con otras plataformas.
Al finalizar los posicionamientos, se votó la ley en lo general, a pesar de que senadores de oposición reservaron decenas de artículos para su discusión en lo particular. En esta primera votación en lo general, el ordenamiento se aprobó por 75 votos a favor y 37 en contra.
Después, sistemáticamente, todas y cada una de las reservas presentadas por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se desecharon por el voto mayoritario de Morena y sus aliados, pero algunos legisladores de oposición hablaron contra el ordenamiento.
La más contundente fue Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, quien reservó los artículos 8, 16, 17, 33, 39 y 95 y al argumentar por qué, la nueva ley viola de manera flagrante los artículos 6, 115, 116 y 124 de la Constitución, así como el 19 fracción 16 del T-MEC, señaló también que se trata de una ley federal y no general.
“Esto quiere decir que solo la deben atender las entidades federales, no las estatales y las municipales. ¿Por qué revuelven todo? No tienen ni la menor idea de lo que están haciendo”, sostuvo, al advertir el exceso que representa requerir los datos biométricos para todos los trámites y “ni siquiera cuentan con el software que pueda sostener toda esa información y salvaguardarla”.
En ese sentido, adelantó que “lo que me da un poco de tranquilidad es que no tienen el dinero para la implementación de esta Ley. Esta Ley va a requerir muchos recursos, los cuales no tienen”.
Finalmente, luego de desechar todas las reservas planteadas, se votó en lo particular, nuevamente con la victoria de Morena y sus aliados con 63 votos a favor y 36 en contra.
C$T-EVP
