La falta de recursos económicos puede limitar seriamente los resultados de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), además de que correría el riesgo de no rendir los resultados esperados o incluso de fallar en cuestiones elementales, como “capturar a los delincuentes”, señalaron ex integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Al participar en un encuentro donde el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó la propuesta de Ley de Competencia Económica, los ex comisionados coincidieron en que es necesario dotar de suficientes recursos a la nueva instancia propuesta, porque sólo así se pueden esperar resultados favorables.
En el encuentro celebrado en el Colegio de México, Jesús Ignacio Navarro, ex integrante del Pleno de la COFECE, advirtió que es correcto incrementar las multas, pero es más importante “capturar a los delincuentes”, cosa que no podrá lograr el nuevo ente, si no cuenta con los recursos suficientes.
En tal escenario, la autoridad “tendrá una probabilidad baja de capturar a los delincuentes y entonces de nada servirá”, señaló.
Además, dijo que el capítulo de prácticas relativas monopólicas “va a causar muchos dolores de cabeza, porque abre las puertas a demasiada discrecionalidad”, por la falta de definiciones sobre el daño y el precio elevado, se puede prestar a malas interpretaciones.
Asimismo, advirtió que la iniciativa no deja clara la posible sanción a los organismos públicos que no cumplan con los términos de competencia.
El también ex comisionado Francisco Javier Núñez Melgoza, advirtió el peligro de que la nueva instancia de competencia económica llegue a tener recursos limitados para su operación, rasgo que podría actualizarse tanto en la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, como la de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A manera de ejemplo, recordó que cuando él fue director de Concentraciones, llegó a tener hasta 250 expedientes al año, lo cual era “la locura operativa” y por lo tanto había que priorizar asuntos. En la iniciativa del Ejecutivo, se bajan los umbrales y los tiempos y eso “va a generar estrés operativo”.
Entonces, si se quita lo irrelevante “puede funcionar, pero si se atoran vamos a tener una enorme fila de asuntos” y si la autoridad no puede identificar bien los casos, se puede terminar castigando a inocentes o exculpando a culpables.
Ahora bien, “si vamos a ampliar el paraguas, debemos estar conscientes de que vamos a necesitar darle más recursos o de lo contrario va a ser más complicado rendir buenos resultados”.
Advirtió que esta Ley tiene “un control de la competencia hecha para el 60 por ciento del PIB, porque el otro 40 por ciento restante es la economía informal a la cual, no va a alcanzar esta ley”.
Respecto a los tiempos de notificación que se llevan hasta un año, esto es demasiado para una operación multimillonaria transnacional, lo cual puede generar desventajas competitivas, y además, señaló la importancia de mantener la obligación de que la nueva dependencia emita los criterios y lineamientos para la competencia económica en general.
“Su iniciativa no cambia esta obligación legal, pero la del Ejecutivo le retira la obligatoriedad de emitir lineamientos”, advirtió al señalar también que las guías deben ser sometidas a consulta pública, cosa que se retira en la iniciativa del Ejecutivo.
Reconoció que la iniciativa del diputado Ramírez Cuéllar establece un procedimiento para la selección de los comisionados a través de un comité técnico externo, mientras la del Ejecutivo, señala que éste será quien designe a los comisionados, además de que también advierte que se exenta a las paraestatales de las normas de competencia.
Y de manera retórica preguntó: “¿Qué va a pasar por ejemplo si Pemex se asocia con una empresa privada? ¿Esta empresa estará sujeta o no a la Ley de Competencia, bajo la iniciativa del Poder Ejecutivo?
En su oportunidad, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que “tenemos un marco jurídico claro con el artículo 28 constitucional que señala las facultades de las empresas del Estado; la desaparición del IFT y vamos a concretar una nueva autoridad antimonopólica”.
Recomendó tener en cuenta este nuevo marco jurídico como “elemento central y junto con esto deberíamos discutir y ampliar el debate sobre acciones colectivas”, teniendo en cuenta que en la nueva ley, el eje fundamental es el consumidor, su protección y beneficio.
En ese sentido, el tema de los precios adquiere relevancia e incluso puede ayudar a disminuir la inflación y propiciar la entrada de nuevos competidores.
“Tenemos corto tiempo para discutir esta ley, pero suficiente para detectar los puntos fundamentales que nos lleven a tener una buena legislación”, ofrecemos escuchar todas las recomendaciones emanadas del foro. “Tengan la plena seguridad de que las vamos a tomar en cuenta”.
De hecho, propuso que las recomendaciones de los ex comisionados, sean tomadas en cuenta como Decálogo, en el contexto de la discusión de ésta y otras leyes relacionadas.
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