De la visión, unión y capacidad técnica con la que México enfrente la revisión del T-MEC en julio de 2026, dependerá que el país consolide su papel como potencia exportadora, destino estratégico para la relocalización de empresas y protagonista del comercio internacional, advirtió la Cámara Internacional de Comercio México (ICC por sus siglas en inglés).
Sin embargo, los empresarios advirtieron sobre “la amenaza al comercio digital establecido en el Artículo 19 del T-MEC, área que hoy sustenta la integración tecnológica de Norteamérica. Cualquier debilitamiento puede generar un riesgo sistémico que comprometa la interconexión, la innovación y la competitividad regional, uno de los pilares del tratado”.
Al presentar en conferencia de prensa el documento “aportaciones y visión de ICC México en el marco de la revisión del T-MEC”, el presidente de dicha instancia, Claus von Wobeser, advirtió que ese riesgo estratégico se debe atender, porque de materializarse como está planteado, podría comprometer gravemente el futuro económico y la estabilidad de la región.
Por lo que hace a la economía digital y protección de datos, “es indispensable preservar el libre flujo transfronterizo de datos, prevenir impuestos discriminatorios a plataformas digitales y asegurar marcos comunes de ciberseguridad”, se destaca en el documento que ya fue compartido con la Secretaría de Economía.
El documento fue fruto del análisis técnico de las 17 comisiones y grupos de trabajo de la ICC México, que busca fortalecer la certidumbre jurídica, la facilitación comercial y la capacidad de atraer inversiones al mercado mexicano.
Entre los riesgos que se identifican, destacan las reformas aduaneras que podrían elevar costos; el criterio proteccionista de EU; la incertidumbre regulatoria en sectores estratégicos; presiones respecto a reglas de origen automotriz; y preocupaciones sobre la estabilidad jurídica, especialmente derivadas de cambios en el Poder Judicial y en los mecanismos de solución de controversias entre los Estados y los inversionistas.
También se debe atender la posible modificación de la cláusula de caducidad del tratado, que implica el riesgo de extinguir automáticamente el documento sin periodos de transición, lo cual afectaría gravemente a las cadenas de suministro, inversiones y empleos en los tres países.
“Modificar esa cláusula podría desatar un entorno de incertidumbre incompatible con la dinámica de una economía integrada valuada en casi 2 mil millones de dólares anuales”.
También se identificó el riesgo de sobrerregulación y duplicidad de controles aduanales que encarecerían y retrasarían operaciones, por lo que la recomiendación fue fortalecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior y evitar cambios unilaterales sin periodos de implementación.
En materia de competencia económica, preocupa la falta de claridad en prácticas anticompetitivas y la necesidad de fortalecer la autonomía técnica de las autoridades reguladoras. Se propone armonizar criterios trilaterales, reforzar los estándares de investigación y permitir que casos de competencia puedan acceder a mecanismos efectivos de solución de controversias.
Es importante “evitar el regreso a paneles impracticables como en etapas del TLCAN. México debe impulsar listas actualizadas de panelistas y fortalecer cumplimiento de laudos”.
Por lo que hace al tema de la energía “persisten tensiones por la ausencia de un capítulo específico. ICC propone incorporar reglas para comercio eléctrico, impulsar la electromovilidad y garantizar certidumbre jurídica para inversiones renovables.
En medio ambiente persisten los conflictos entre regulaciones internas y trilaterales y ahí la propuesta es establecer obligaciones mínimas compartidas.
“México debe negociar desde una visión estratégica y con políticas coordinadas entre gobierno, iniciativa privada y Congreso, para evitar condiciones que limiten el crecimiento económico futuro”.
Se proponen líneas de trabajo transversales como un marco trilateral para el desarrollo regional y financiamiento sostenible; mantener certidumbre jurídica y respeto al Estado de Derecho como principio explícito; actualizar el capítulo digital con estándares de protección de datos e inteligencia artificial; fomentar la inversión automotriz y fortalecer la transparencia, el comercio seguro y combatir la corrupción.
C$T-EVP
