A nueve años de la reforma constitucional que dio vida a uno de los mandatos más importantes para insertar a México en la creciente economía digital, es claro que garantizar conectividad al mayor número posible de personas es una tarea que no se logrará con sólo instalar más antenas o puntos de internet gratuitos en zonas remotas y menos aún sin aprovechar el efecto habilitador que tiene hacer efectivo el derecho a gozar de banda ancha en la educación pública.
“De cada 100 niños que entran a primaria, sólo 80 llegan al bachillerato, muchas veces el talento se pierde por necesidades económicas… En niveles superiores, la transición a modalidades híbridas va a ser la clave para que cada vez más jóvenes puedan permanecer en sus estudios”, aseguró Marta Cecilia Castro Morales, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El artículo 6 de la Constitución Política Mexicana establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
Sin embargo, una encuesta del INEGI realizada específicamente para conocer los efectos de la pandemia mostró que el 28.6 por ciento de las familias que tenían a alguien estudiando tuvieron que hacer un gasto para comprar un teléfono celular, 26.4 por ciento, contratar un servicio de internet fijo para las clases virtuales, 5.1 tuvieron que comprar alguna tableta y 14.3 para adquirir una computadora.
Y es que van nueve años, desde junio del 2013, de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución para garantizar el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet.
Entrevistada por ConsumoTIC, destacó que los datos del INEGI, mostraron que las personas no estaban preparadas ni con conectividad, ni con equipos para el uso de plataformas digitales y tecnología, las cuales ahora son más relevantes para permitir la educación a distancia o híbrida en el nivel medio superior y superior.
En ese sentido, consideró como positiva la propuesta de reforma al artículo 45 de la Ley Federal General de Educación, presentada en la Cámara de Diputados, para incluir de manera formal la modalidad virtual o en línea en el nivel medio superior, que además debería enriquecerse con enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (las denominadas carreras STEM, por sus siglas en inglés).
“Hemos visto que el mercado laboral cada vez se inclina más por puestos tecnológicos y que las personas que acceden a empleos relacionados con habilidades STEM o con Tecnologías de la Información (TI) tienen empleos mejor remunerados, que ofrecen mejores características de formalidad y que además cierran brechas de género”.
Por ello, recalcó, es necesario re-enfocar la política educativa, pero debe hacerse desde el conocimiento, con mediciones que sean el punto de partida para hacer los ajustes por las pérdidas de aprendizajes o por el abandono escolar, puesto que se está perdiendo talento desde la secundaria y preparatoria.
“No se puede generar políticas educativas a ciegas, que no partan de hallazgos contundentes de cómo están nuestros niños, niñas y jóvenes… Vamos atrasados, el ciclo escolar pasado terminó en la presencialidad y hoy en día no contamos con estadísticas claras de cuánto perdimos en conocimientos”.
Deficiencias heredadas
María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), acotó además que el sector educativo ha heredado las deficiencias a través de varios sexenios, en los que han gobernado y dirigido al país diferentes colores de partidos.
“Se va a heredar el bajo aprendizaje que tuvimos en la pandemia, un abandono escolar tremendo, subejercicio y recortes presupuestales tremendos en la parte educativa, una capacitación de docentes que no ha existido, que ha sido fragmentada y que no se ha completado, también falta de inversión en mejora de infraestructura escolar”.
En entrevista, consideró esencial que existan espacios de diálogo en el que participen los diversos actores del sector educativo, los propios alumnos, padres y madres de familia, docentes, empresarios, instituciones y organismos civiles.
“Y hablo de empresarios y de la sociedad civil, porque finalmente la educación de un niño y de un joven se va a ver reflejado en el futuro y nunca hemos logrado tener un empate o un diálogo directo con la parte económica, con esta sociedad que necesita y requiere otro tipo de profesionistas para poder dar el impulso económico que requiere el país”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha destacado que el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) ha sido, desde los años 80, una prioridad para reducir la brecha digital, mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje y aumentar la eficiencia en la gestión institucional y académica.
El organismo de las Naciones Unidas también reconoce que aún existe dificultad para la educación a distancia, debido a problemas asociados a la conectividad, no sólo a conexión de internet, sino también por la falta de acceso a equipos y de habilidades tecnológicas sobre todo de los grupos más vulnerables.
De acuerdo con datos de la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, hasta el momento se han instalado más de 25 mil puntos de acceso gratuito a internet, de los cuales, aproximadamente 70 por ciento se instalaron en escuelas.
C$T-EVP
