Antes de migrar los procesos de la administración pública al ámbito digital, es necesario preguntarse si se cuenta con los procedimientos, presupuestos, talento e instituciones indispensables dentro del gobierno para ser capaces de crear el andamiaje que permita ingresar exitosamente a la sociedad de la información; en todo caso, es inadmisible transferir los errores de los procesos administrativos del mundo analógico al digital, advirtió Adriana Labardini Inzunza, abogada experta en asuntos públicos y asesora de Rhizomatica.
Al participar en la mesa “La era digital y los servicios públicos” dentro del segundo seminario “Derecho Administrativo en la Cuarta Revolución Industrial”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la especialista sostuvo que para llegar a una digitalización eficaz, un Estado moderno tiene que haber desarrollado sus instituciones y a las personas que trabajen en ellas para que las cosas funcionen en lo digital, porque “ya no vamos a resolver los servicios públicos con ideologías”.
El diseño del gobierno digital debe tener bases sólidas porque de lo contrario no será posible implementarlo. Para ejemplificar citó el caso de la Ley de Archivos; “de su implementación dependerá si el Estado es capaz de pasar a un gobierno digital y abierto. Si no tengo bien mis expedientes, cómo voy a ser eficaz; cómo los paso a mis bases de datos; cómo analizo con big data la información, si tengo un mugrero de archivos”, se preguntó retóricamente.
Más aún, señaló que la digitalización en sí misma no resuelve algunas deficiencias que enfrenta el Estado en temas como la supervisión y las sanciones. Ejemplo de ello es la digitalización del trámite para obtener una licencia de manejo, sin que la persona haya pasado un examen para conducir, o las concesiones del transporte público, que luego no se supervisan y se dejan sin sanción a quien incumple con las condiciones de la concesión, “es como amenazar a un niño con castigarlo por alguna travesura y luego no hacer nada”.
Antes de digitalizar, es importante revisar cuál es el bien jurídico que se quiere tutelar y para qué, sin que esto pase por ideologías, como ocurría en la década de 1970. Si eso era grave entonces, en el siglo XXI es absolutamente inadmisible y alertó que se debe prestar atención a algunos procesos que no están en la discusión pública, pero que son muy delicados y precisamente se están perfilando desde la ideología.
Tal es el caso de la reforma a la Ley de Procedimiento Administrativo, donde se está planteando que “el Estado Neoliberal no funcionó y por lo tanto hay que revocar las concesiones y dar facultades al (Poder) Ejecutivo para decidir qué servicios serán estatizados”, lo cual es un grave error, como ya se demostró en el pasado, cuando algunos servicios, como las telecomunicaciones, los prestaba el Estado en forma monopólica.
Los monopolios, recordó la también ex comisionada del IFT, “no son una buena fórmula, porque extraen las rentas, impiden a otros actores competir, abusan del consumidor, distorsionan el mercado y, para colmo, los sindicatos también abusan”, de manera que es una figura a la que no debemos volver.
La discusión sobre la digitalización del Estado, debe centrarse en la eficiencia y los objetivos que persiga. En el ámbito de las telecomunicaciones, citó el caso del espectro radioeléctrico que, “todos sabemos que lo usa impunemente el crimen organizado. Se pueden hacer revisiones automatizadas en sitios como Nayarit, Jalisco y Durango, en lugar de poner en grave riesgo a inspectores del IFT al mandarlos a hacer revisiones en esas zonas”.
Adriana Labardini propuso que la digitalización no vaya de lo federal hacia lo local, sino al revés: que parta de los municipios y los estados y por último aborde lo federal, porque este procedimiento ha demostrado su eficiencia, como es el caso de Barcelona, que tiene muy desarrollado un esquema de este tipo.
Más aún, en su calidad de fundadora y actual presidenta de Conectadas, organización que reúne a mujeres líderes en el ámbito de las TIC, recordó que la digitalización tiene género y por tanto es fundamental estudiar el asunto desde esa perspectiva, cuidando además que haya una competencia real, en lugar de favorecer a un puñado de empresas poderosas.
De manera complementaria, señaló la importancia de tener en cuenta los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), que no se podrán alcanzar mientras se piense en deforestar la selva maya con el pretexto del desarrollo y sin tomar en cuenta que la proliferación de equipos informáticos implica un riesgo por la basura tóxica y el incremento de la conectividad también implica la necesidad de contar con más energía eléctrica, que eventualmente puede venir de fuentes de producción altamente contaminantes.
En ese sentido, dijo que se debe priorizar la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, por encima del desarrollo tecnológico y la digitalización, lo cual implica un estudio muy cuidadoso de los esquemas que se seguirán para lograr un gobierno digital eficiente, moderno, capaz de cumplir los ODS y, al mismo tiempo, que dé respuesta a las necesidades de la población.
Finalmente, se refirió a los datos personales, al señalar que “la privacidad tiene los días contados a pesar de las instituciones, las leyes y el andamiaje jurídico. En ese sentido, es mejor calcular cuánto le cuesta a la ciudadanía haber perdido el control de sus datos y para ello, diseñar una mejor distribución de los costos, donde no todo se cargue al ciudadano”.
C$T-GM