Las decisiones automatizadas, el uso de identidad digital, la llegada de una nueva generación de protección de datos y la discriminación algorítmica, son sólo algunos ejemplos de los fenómenos que deben incorporarse a las agendas legislativas y regulatorias de los países de América Latina, pues hoy la región se enfrenta a una gran interrogante ¿cómo garantizar los derechos digitales actuales y futuros?
“De cara a los ciudadanos digitales que presentan falencias en el desarrollo de competencias y en el conocimiento de los derechos, y las implicaciones que tiene la transformación digital en general, cuál es la postura o el análisis jurídico frente a las decisiones automatizadas, qué dicen los marcos regulatorios, cómo se enfrenta un ciudadano digital ante las decisiones automatizadas”, dijo Carlos Lugo Silva, Oficial para las Américas de la UIT.
Ante los nuevos debates que impulsa la transformación digital, explicó el integrante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), es fundamental preguntarse si en el actual y futuro contexto, las personas están preparadas para entender los términos y condiciones de uso de las plataformas, y del tratamiento de sus datos, así como si realmente existe un consentimiento informado.
“Esto cada vez se convierte en un tema de debate mucho más relevante si damos cuenta de cómo va el proceso de adopción, apropiación de tecnologías y la construcción de la ciudadanía digital… La discriminación algorítmica es otro tema relevante, se debe reflexionar sobre cuál es la posición jurídica de los países frente a este tema”.
Al participar en el 1er Congreso Iberoamericano de Derecho Digital. De la Revolución Industrial a la Digital, el especialista dijo que en la construcción de una verdadera sociedad digital, es ineludible revisar si el acceso a la conectividad está siendo o no garantizado.
Y es que de acuerdo con datos del reporte global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 2 mil 700 millones de personas en el mundo, aún no tienen garantizado el derecho a la conectividad, es decir, nunca han utilizado internet.
“Por lo tanto, para llegar a ese estado ideal todavía se tiene un gran paso que dar y es lograr que ese 34 por ciento de la sociedad global que aún no está conectada, sea parte del mundo digital”.
Aunque en los últimos dos años, como consecuencia de la pandemia y de las políticas y regulaciones derivadas de la contingencia, se registran avances importantes, es claro que la conectividad todavía no es un derecho garantizado para la totalidad de los ciudadanos.
“Al hablar del derecho a la conectividad, también se tiene que revisar que si bien la redes 4G están garantizando un acceso a banda ancha cada vez mayor, el derecho a la conectividad no está totalmente garantizado en todas las regiones del mundo, pues todavía hay zonas donde el acceso es sólo en 2G y 3G”.
Desde la perspectiva del especialista, otro aspecto que también está siendo un obstáculo para garantizar el derecho a la conectividad, es el costo y la asequibilidad al servicio de internet.
“Si vemos ese ideal de 2.0 por ciento de los ingresos brutos al año por ciudadano, vemos que en regiones como las américas o en África todavía estamos por fuera de ese límite teniendo un costo más elevado y por lo tanto es un gran reto”.
Sin embargo, el desafío no termina en lograr que más personas tengan un dispositivo para conectarse o los recursos económicos suficientes para comprar el servicio, pues el hecho de que una población esté conectada, no siempre significa que está digitalizada.
Es decir, se trata de identificar se ha construído una ciudadanía digital con posibilidades de ejercer sus derechos, pero también de hacer un uso productivo de internet, “la UIT llama a esto tener un internet significativo”.
A partir de estos datos, es claro que la política pública en la región está ante el gran reto de medir más allá de sólo el acceso, la conectividad y el número de líneas en operación, ya que para conocer el impacto real de las brechas, es imprescindible contar con estadísticas e indicadores más profundos y específicos.
Por su parte, Javier Juárez Mojica, presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) habló de la importancia de reflexionar sobre las repercusiones que tiene en términos de desarrollo para la sociedad, quedarse fuera de estos avances tecnológicos.
“En el siglo XVIII, los avances técnicos transformaron sociedades agrarias en sociedades urbanas en industriales, y ahora en el siglo XXI están siendo detonadoras del proceso de transformación digital. Estas revoluciones tecnológicas han llevado a una mayor eficiencia y productividad, pero también han impactado procesos políticos y sociales”.
En estos momentos, añadió, somos testigos de los beneficios de la transformación digital, pues la población está cada vez más consciente de algunas interacciones con tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA).
Por ejemplo, el próximo mes se espera que una audiencia haga historia ya que el acusado será asesorado con el software de IA de la empresa DoNotPay, conocido como el primer abogado robot del mundo, lo que podría tener un gran impacto en términos de impartición y acceso a la justicia.
“No podemos omitir que estos años de pandemia nos dejan un mensaje claro: lo digital no es optativo, es una necesidad. En el IFT nos hemos fijado la meta de contribuir y acelerar la transformación digital del país, tenemos el encargo constitucional de velar por el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y para ello tenemos que seguir generando condiciones de competencia en las redes y los servicios”.
Pero también, es importante generar un ambiente competitivo en el resto de las capas del ecosistema digital, los sistemas operativos, aplicaciones, e incluso los datos que son sumamente relevantes en esta economía digital, y para todo esto, de manera transversal, el derecho digital cobra particular relevancia.
“Desde qué y cómo regular las nuevas tecnologías y qué tramos de estos desarrollos tecnológicos es mejor tal vez dejar a la autorregulación a estos mecanismos de regulación suave, cómo lograr esa regulación inteligente, ahí está el reto”.
En este escenario, la alfabetización y la inclusión digital serán indispensables para cerrar la brecha de apropiación y también para potenciar el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la información, la educación y la movilidad, entre otros.
C$T-GM
