El Consejo Ejecutivo de la Economía Digital (CEDIG) instó al Poder Legislativo a eliminar la integración del nuevo artículo 30-B al Código Fiscal de la Federación por considerar que representa serios riesgos contra los derechos digitales, desalienta la digitalización y puede configurar un mecanismo de vigilancia masiva.
“El impacto económico y tecnológico sería considerable. La obligación de permitir el acceso directo y continuo a los sistemas internos generará inseguridad jurídica, vulnera la confidencialidad empresarial, pone en riesgo secretos industriales y podría desincentivar la inversión y la operación de plataformas digitales en el país. De igual forma, los usuarios podrían optar por abandonar o limitar su actividad”, advirtió el CEDIG.
Adaptados a los desafíos de la era tecnológica, indica, los derechos digitales son extensión de derechos humanos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y de manifestación, garantizan que la población pueda usar el internet y los medios digitales de manera segura y libre, accedan a información y que sus datos personales estén protegidos, y los usuarios no enfrenten discriminación o censura.
Lo planteado en el artículo 30-B, de otorgar a la autoridad fiscal acceso en línea y en tiempo real a los sistemas y bases de datos de las plataformas digitales constituye una medida desproporcionada, amenaza el derecho a la privacidad de los usuarios, algo protegido desde la Constitución.
Otra amenaza es la posibilidad de que las autoridades accedan sin restricción o supervisión judicial a la información operativa de las plataformas digitales, es decir, conocer datos personales, financieros y del comportamiento de millones de usuarios, lo que en la práctica representará un mecanismo de vigilancia masiva, incompatible con los principios de necesidad , proporcionalidad y legalidad en “cualquier medida de este tipo”.
Los integrantes del CEDIG consideran que más allá del ámbito fiscal, lo establecido en el artículo 30-B “abriría un uso indebido de los datos y la instrumentalización política o económico del poder público”, y la disposición de bloquear las plataformas que impida el acceso a las autoridades, sería una presión o censura indirecta, que afectaría la libertad de expresión o el pluralismo informativo.
“En un entorno donde la mayoría de los intercambios sociales. culturales y económicos se realizan a través de las plataformas digitales, esta medida equivaldría a permitir la suspensión arbitraria de espacios físicos, lo que equivale a que sin orden judicial, ni defensa previa, se pueda expulsar de plazas, parques, museos, tiendas, escuelas, centros comerciales y otros lugares de convivencia ciudadana a cualquier persona”.
Y en el ámbito empresarial sería como la exclusión de cualquier empresa de los lugares donde realiza sus actividades económicas, arriesgando su supervivencia, sin que se justifique en modo alguno una sanción “desmedida”.
Por lo anterior expuesto el CEDIG, solicitó a los senadores considerar los numerosos y elevados riesgos que implicará integrar al Codigo Fiscal de la Federación el mencionado artículo.
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