De no garantizarse la sostenibilidad económica de los medios públicos, sociales, comunitarios, indígenas y afromexicanos, sencillamente será imposible cumplir con todo lo que señala la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, coincidieron expertos en la materia.
En el cuarto día de los Conversatorios sobre el dictamen de esta Ley, convocados por el Senado de la República y bajo el tema “El servicio público de radiodifusión”, el hilo conductor fue la exigencia de contar con recursos seguros, etiquetados y suficientes, así como tratamiento fiscal diferenciado y una regulación que se pueda cumplir para las emisoras que no operan con títulos comerciales.
Incluso, se habló de las cuatro “patas” de la certeza que se deben garantizar desde el Estado y la Ley, para la operación y permanencia de las radios no comerciales que lidian con la precariedad: certeza institucional; jurídica; financiera y tecnológica.
Irina Ivonne Vázquez Zurita, directora de la estación 106.9 FM y del Canal 13 de Televisión Digital Terrestre, invitó a los legisladores a “hacer un análisis profundo para entender que si no se garantiza la sostenibilidad económica de estos medios, radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, no se puede cumplir con el resto de la Ley”.
Sin los recursos económicos necesarios, no se puede hablar de los derechos de las audiencias, ni de la calidad técnica y de contenidos, que se establecen en la página 81 del dictamen, donde dice que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) va a fijar los índices de calidad. “¡Cómo hablar de calidad técnica y de contenidos, si no se garantiza la sobrevivencia del medio!”, cuestionó.
“Las radios comunitarias ni siquiera tenemos garantizado el internet; ¿cómo vamos a llegar a incorporarnos a este nuevo sistema ecosistema de medios?”
A nombre de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, Elfego Riveros Hernández de Radio Teocelo, centró la atención en la necesidad de que las 250 radios comunitarias, indígenas y afromexicanas que hay en el país, cuenten con los recursos indispensables para su operación.
Al igual que otros participantes en la mesa, consideró que el 1.0 por ciento de gasto de publicidad que el Estado Mexicano está obligado a destinar a este tipo de radios –y que la propuesta de ley cambia de condición al señalar “al menos el 1.0 por ciento”— es a todas luces insuficiente.
Por eso la pregunta es: “¿cuántos de estos medios que ya tienen una concesión podrán sostenerse? y ¿por cuánto tiempo?”
Por eso, señaló que “la mesa de la sostenibilidad” tiene cuatro patas: la certeza jurídica (contar con las concesiones); la certeza financiera (contar con financiamiento suficiente); la certeza tecnológica, que se refiere a tener los equipos necesarios para producción y transmisión; y la certeza institucional “que somos las personas que sabemos organizarnos y gobernarnos”
Mariana Karina Patrón Hernández, representante de la Comisión Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas, advirtió que a todas las complicaciones que enfrentan estas radios se suma el hecho que la Secretaría de Hacienda les da trato de Pequeñas y Medianas Empresas, lo que no sólo implica una relación desequilibrada por la naturaleza de la concesión (sin fines de lucro), sino complicaciones graves de cumplimiento para las radios.
Con esta visión coincidió Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quien advirtió que quienes quieren crear una radiodifusora indígena, “tienen que cumplir tortuosos requisitos ante la Secretaría de Hacienda y conformarse ante Notario Público como Asociaciones Civiles, lo cual es propio del derecho privado, mientras el artículo segundo Constitucional, les confiere la condición de sujetos de derecho público.
Esto último tiene que quedar explícito en la ley, además de que no es correcto restringir el objetivo de las concesiones sólo a aspectos culturales o lingüísticos; “porque la salida más fácil es lo folclórico, la salida siempre más difícil es cómo reconocemos la integralidad de los derechos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades”.
Explicó que en el país hay 23 radiodifusoras culturales indígenas, que transmiten en 35 lenguas originarias y cubren mil 57 municipios en el país, pero todas comparten la precariedad económica, que se puede subsanar aumentando el porcentaje de publicidad oficial que se les otorga.
Sandra Marcela Fernández Alaniz, presidenta de la Red de Radios Universitarias de México, también demandó un marco legal claro con herramientas que les permitan operar sin fines de lucro, sí, pero con sustentabilidad; equidad técnica y que las estaciones cuenten con concesiones con parámetros técnicos mínimos, además de que la ATDT garantice acceso real al espectro y no como la Universidad Autónoma Antonio Narro, que lleva 14 esperando su título de concesión o la de Chapingo, que lleva siete.
En materia de financiamiento se deben garantizar recursos más allá de las administraciones de las rectorías y que estas estaciones tengan acceso hasta el 15 por ciento del espectro de FM para democratizar esa banda de frecuencias.
Mirelle Campos Arzeta, coordinadora ejecutiva de Amarc México, señaló tres condiciones indispensables: que haya una definición clara de radios comunitarias, indígenas y afromexicanas y se garantice su independencia comercial, financiera y operativa del Estado; que se facilite la renovación de las licencias; y se les destine el 20 por ciento de la publicidad oficial.
Azucena Pimentel Mendoza, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México propuso “crear un Modelo Mexicano de Financiamiento a Medios Públicos, que asegure que el presupuesto no sea menor al del año anterior y se permitan donativos, y patrocinio sin injerencia editorial y se cuente con estímulos fiscales, como ocurre en otros países”.
Que se garantice la independencia editorial y se propicie la participación ciudadana, incluyendo defensoría de las audiencias y consejos editoriales ciudadanos, así como permitir la colaboración de los medios públicos con instancias internacionales.
En su oportunidad y durante uno de los conversatorios que han tenido más oradores, Elena Estavillo, directora del Centro i para la Sociedad del Futuro, propuso que la nueva ley tome en cuenta la convergencia digital que ha transformado al ecosistema y la garantía de los derechos digitales que deben quedar protegidos “sin abrir las puertas a la censura o a la vigilancia creando mecanismos ciudadanizados”.
A ello, el senador Javier Corral garantizó que se eliminarán seguramente de la iniciativa original los artículos que han sido señalados como posibles opciones para la censura previa.
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