Sobrejercicio de 113% el año pasado.
Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó al Congreso expedir la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, “no hay tiempo que perder para acabar con el abuso de recursos públicos» en promocionales que benefician a grupos políticos y un “puñado” de medios de comunicación”.
Tan sólo en 2016 el gobierno federal ejerció 10 mil 698 millones de pesos en gasto de publicidad, respecto de los 4 mil 580 millones originalmente presupuestados, lo que se traduce en un incremento discrecional de 113 por ciento, debido a la falta de regulación en ese tipo de partidas presupuestales.
Luis Sánchez Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, precisó que para “cerrar la pinza” y avanzar en la regulación de la publicidad gubernamental, este 22 de noviembre presentarán ante el pleno, una iniciativa en la materia pero de carácter general, es decir, que supervise el manejo de esos recursos tanto del gobierno federal como de Estados y Municipios.
La propuesta se denomina Ley General de Comunicación Gubernamental y será aplicable a todos los entes públicos de los tres niveles de gobierno e incluye criterios de supervisión emanados de organizaciones civiles como Artículo 19 que ganó el amparo para que la Corte ordenará al Congreso expedir la ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.
Detalló que la iniciativa establece los criterios que delimitarán los presupuestos, con la finalidad de acabar con la asignación discriminatoria de recursos en un solo medio de comunicación o un reducido grupo como sucede actualmente.
Asimismo, busca evitar que los gastos se concentren en una sola dependencia u organismo público para evitar malos manejos y corrupción. Además que las campañas publicitarias deberán estar plenamente justificadas conforme a las necesidades de difusión de cada dependencia.
Estamos proponiendo que el reparto de esos recursos sea justo y controlado para la cual se creará un consejo autónomo de los poderes federal, estatales y municipales que vigile y regule la comunicación gubernamental”, precisó Sánchez Jiménez.
EL legislador detalló que en la iniciativa también se propone que todas las dependencias y organismos públicos estén obligadas a proporcionar un informe anual sobre los recursos que asigna a los medios y los motivos por los que fueron seleccionados.
El legislador perredista dijo que esta propuesta se suma a otras 17 que ya existen al respecto pero que irresponsablemente se tienen “en la congeladora” de ambas cámaras, debido a la falta de sensibilización del PRI para legislar en la materia, por lo que alertó que existe el riesgo de que se llegue al 30 de abril de 2018, sin una ley promulgada y publicada por el Ejecutivo Federal para que tenga efectos legales inmediatos.
Por ese motivo tanto el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano estamos dando materia para analizarla y someterla a dictamen lo antes posible y el PRI no tenga ningún pretexto para acatar en tiempo y forma el fallo de la Corte”, indicó.
C$T-EVP