Incumplir título de concesión causa multas o revocación.
Ante la existencia de medios públicos que no han realizado su proceso de transición de permiso a concesión o que carecen de reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, el Consejo Consultivo del IFT (CCIFT) solicitó al Pleno del órgano regulador que supervise el cumplimiento de las obligaciones legales de estos entes de comunicación.
«Actualmente, muchos medios públicos no han realizado su proceso de transición de permiso a concesión en los términos establecidos por la Constitución y las leyes aplicables», indicó el grupo de especialistas durante la VI Sesión Ordinaria del II CCIFT celebrada el pasado 28 de junio.
El Consejo Consultivo refirió que muchos de estos medios carecen de los elementos de forma que la ley establece para denominarlos medios públicos, pues algunos de ellos se encuentran adscritos a las direcciones de comunicación social de los gobiernos de los estados, a secretarías de gobierno, e incluso su programación es decisión directa del gobernador en turno.
Indicó que los elementos esenciales que dan vida y forma a los medios públicos establecidos por la ley, en muchos casos han sido abiertamente omitidos por gobernadores en estados de la República, faltando al cumplimiento institucional de la ley como la independencia editorial, autonomía de gestión financiera y garantías de participación ciudadana.
Además, algunos carecen de reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, lo que provoca un deterioro local en la calidad del derecho a la información, la libertad de expresión, la construcción de una opinión pública informada y la democracia.
Frente a ello, el CCIFT invitó al Pleno del IFT a que pondere acelerar el cumplimiento del régimen jurídico, la transformación y normalización de los medios públicos, supervisando el proceso para asegurar elementos como la independencia editorial y la autonomía de gestión financiera.
También es conveniente que aseguren mecanismos de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de los contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
«Invitamos al Pleno del Instituto a ponderar, el ejercicio más estricto de la ley, y la aplicación de las infracciones establecidas en la misma a los medios públicos que se rehúsen a cumplir con los mecanismos mencionados».
Asimismo, el grupo de especialistas invitó al Pleno del IFT a ponderar el ejercicio de sus facultades en materia de revocación para aquellos medios públicos que reiteradamente y con dolo, falten al cumplimiento de la normatividad aplicable.
Los medios públicos, explica el documento, son uno de los diversos instrumentos que los Estados contemporáneos usan para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en materia de comunicación, por lo que su función es vital dentro del complejo y diversificado mapa de las sociedades democráticas contemporáneas y ayudan a fortalecer el Estado de Derecho.
«Sin embargo, la historia nos ha enseñado que ha existido una vocación por transformar la radiodifusión en un poder político, que ha pasado de servir a la sociedad a servirse de ella, transformándose de tanto en tanto en monopolios públicos y privados, evitando la competencia y soslayando los derechos de los ciudadanos».
En uno y otro caso han sido y son perjudiciales, añadió, ya que distorsionan de manera severa los modelos de comunicación, creando entidades que de manera similar replican el abuso del poder que les da el monopolio, imponiendo posiciones ideológicas, políticas y emitiendo opiniones parciales, concentrando la publicidad y los ingresos y construyendo una opinión pública a favor de posiciones personales.
Además, defienden en la pantalla intereses corporativos, partidistas y generan confusión en las posiciones de consumo económico, político y social; en suma, construyen sociedades que no disfrutan de pluralidad en la información y, por lo tanto, restringen el ejercicio de la opinión pública.
«El derecho a estar informado por esta vía estará en peligro si la ley y el Estado de Derecho no sujetan y regulan esta actividad».
El CCIFT recordó que la nueva legislación para los medios públicos establece por primera vez sanciones que van de multa hasta la revocación por incumplir cabalmente el título de concesión, incluidos los elementos esenciales que definen e integran a un medio público.
«La legislación mencionada define una actuación precisa y obligaciones de supervisión al IFT, que así se transforma en una autoridad competente para verificar la forma de integración de los medios públicos, y consecuentemente garantizar la autonomía y gestión técnica de estos medios en México».
C$T-GM
