Urge cambio real entre poder y medios de comunicación.
La eventual reducción del gasto de comunicación social del gobierno federal no resuelve el problema del inadecuado uso de estos recursos si esta iniciativa no va acompañada de la derogación de la denominada «Ley Chayote», de mecanismos que limiten sobre-ejercicios y de sanciones.
«Esta reducción no resuelve el problema sino se establecen criterios claros, transparentes y objetivos sobre la asignación que consideren factores como la idoneidad, la medición de audiencia, los costos, la circulación, el perfil del público al que va destinada la campaña y, sobre todo, que promuevan la diversidad y pluralismo de medios», aseguró el colectivo #MediosLibres.
A través de un comunicado del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el colectivo reconoció que el Plan de austeridad y combate a la corrupción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador que contempla la reducción del 50 por ciento de la publicidad oficial es una medida que requiere ser acompañada con criterios y reglas objetivas, claras y transparentes para su asignación.
«De cumplir tal previsión, el presupuesto aprobado sería de 2 mil millones de pesos en 2019, en contraste con los más de 4 mil millones de pesos aprobados en el último año por la actual administración y los 9 mil millones que en promedio gastó por año la actual administración de Enrique Peña Nieto».
Por ello, es imprescindible que el nuevo gobierno considere acciones efectivas que limiten el sobre-ejercicio histórico, con topes presupuestarios, criterios claros y transparentes para la asignación del gasto, así como sanciones ante el eventual uso frívolo, indiscriminado y arbitrario del gasto publicitario.
De igual forma el colectivo juzgó conveniente revisar el punto 20 del mismo Plan, en el cual se habla de una posible centralización del gasto en comunicación social, acción que desde el punto de vista de este colectivo, podría representar una limitante en la divulgación de información de interés público, plural y objetiva.
«El colectivo #MediosLibres ha insistido en la necesidad de eliminar el uso político y proselitista que se la da a la publicidad oficial a través de la Segob –actual Secretaría administradora– y la medida propuesta en el Plan no resuelve este problema; por el contrario, puede significar una forma de control eficaz de las líneas editoriales de los medios de comunicación y por lo tanto de la opinión pública.»
La nueva legislatura y el próximo gobierno tienen la oportunidad de establecer una ley de publicidad oficial que garantice la libertad de expresión, de prensa e información, de garantizar eficiencia, máxima publicidad, pluralidad y no discriminación en la asignación del gasto, pero sobre todo, lograr un cambio verdadero en la relación entre poder y medios de comunicación, un cambio que procure medios libres y una sociedad realmente informada.
C$T-EVP