Un precedente con graves repercusiones.
El senador Luis Sánchez Jiménez advirtió que no resolver en tiempo y forma el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de emitir antes del 30 de abril de 2018, la ley reglamentaria de la publicidad gubernamental, significará para el Congreso de la Unión incurrir en desacato que implicaría además de sanciones, y sentar un precedente con “enormes riesgos”.
En entrevista luego de presentar en tribuna a nombre del PRD, la iniciativa que crea la Ley General de Comunicación Gubernamental, reglamentaria de los artículos 6 y 134 de la Constitución, consideró muy factible su aprobación para antes del 15 de diciembre, debido a que senadores del PAN se han sumado a esta propuesta para terminar con el gasto discrecional que el gobierno federal ejerce en publicidad.
Tras precisar que esta iniciativa también pretende evitar la promoción personalizada de servidores públicos en campaña, confió en que al margen de “las resistencias del PRI para avanzar en esta regulación, esperamos que quede aprobada en las próximas semanas para que aplique previo a las campañas políticas de 2018”, subrayó.
Explicó que la iniciativa propone regular la publicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno, así como establecer directrices para evitar que la asignación del presupuesto se concentre en unos cuantos medios de comunicación o dependencias gubernamentales.
Detalló que la iniciativa propone también controlar de manera externa la asignación publicitaria mediante un Consejo autónomo, del Ejecutivo Federal y de las instancias estatales, que vigile y regule el gasto en comunicación gubernamental.
El Consejo vigilará que los contenidos se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos por la ley, a fin de garantizar la vigencia de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.
En esta nueva legislación, indicó, se atiende la urgencia de regular el gasto en comunicación gubernamental en todos los niveles, pues tan sólo en los primeros cuatro años de esta administración federal se erogaron más de 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, superando en 71.86 por ciento lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Sánchez Jiménez, expuso que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en un fallo histórico, se urgiera al Legislativo cumplir con una obligación ya estipulada en la reforma político-electoral de 2014.
Recordó que no es la primera vez que el PRD y el PAN presentan una iniciativa en esta materia, pues el compromiso con la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos se ha materializado en propuestas legislativas que datan al menos desde el 2012.
Sin embargo, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se ha frenado cualquier intento de regular el uso de recursos públicos en materia de comunicación gubernamental, que cuenta más de media docena de iniciativas que en la materia lo atestiguan.
C$T-EVP
