Concesionarios en régimen de excepción.
Las recientes reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que anularon los Derechos de las Audiencias violan el principio de progresividad fijado en el artículo 1º constitucional, así como el sexto que prohibe transmitir publicidad y propaganda como información periodística o noticiosa.
El principio de progresividad, indica que una vez que se ha avanzado en la efectividad de un derecho, el Estado no puede retroceder, y el principio de protección obliga al estado a establecer mecanismos para impedir que particulares violen los derechos de terceros, que en este caso son los concesionarios frente a las audiencias”.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) calificó como un retroceso la minuta aprobada en el Senado, que violó el artículo sexto constitucional que prohibe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
Indicó que los legisladores también desmantelaron las facultades del IFT para regular, emitir lineamientos y aplicar sanciones a los concesionarios que transgredan algunos de los derechos de las audiencias.
Desnaturalizó la función social de los defensores de las audiencias al convertirlos en empleados de las empresas de radio y televisión, coartándoles su independencia y alteró los objetivos de los códigos de ética de los medios, los cuales no podrán ser verificados por el regulador”.
Aseguró que con la minuta aprobada, el Congreso de la Unión generó un régimen de excepción para la industria de la radiodifusión, pues la transgresión de los Derechos de las Audiencias quedó sin posibilidad de ser sancionada.
Frente a este escenario la AMEDI llamó a los senadores que votaron en contra, que se abstuvieron de convalidar las irregularidades legislativas y el atropello a los Derechos de las Audiencias, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La asociación precisó que México cuenta con un régimen constitucional garantista de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la información, los cuales deben ser ensanchados, protegidos, promovidos y garantizados a través de políticas públicas democráticas.
Las audiencias, que somos todos los millones de mexicanos que sintonizamos la radio y la televisión en México, tenemos interés jurídico y legítimo, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante una minuta que atenta contra nuestros derechos y deteriora la de por sí incipiente calidad de la democracia en nuestro país”.
C$T-EVP
