Propicia conductas negativas su ausencia.
Ante la premura para expedir la Ley General de Propaganda Gubernamental reglamentaria del 134 Constitucional, la fracción del PRD en la Cámara de Diputados convocó a todas las fuerzas políticas a generar consensos a la vez que presentó una iniciativa para que sea la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la encargada de fiscalizar el gasto en publicidad oficial y presente informes trimestrales al Poder Legislativo.
“En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos imprescindible que en este periodo de sesiones se ponga a debate este tema, a fin de que se apruebe el instrumento legal necesario para dar condiciones de equidad no solamente a las contiendas electorales, sino al posicionamiento político de los partidos, se respete el derecho a la información de los ciudadanos y se transforme la comunicación gubernamental, en un verdadero instrumento social y no partidista”, señaló la diputada Ivanova Pool Pech.
La legisladora habló de la necesidad de establecer reglas claras para el ejercicio de los recursos públicos que se ejercen en este rubro, pues año con año se aprueban millonarias cantidades destinadas supuestamente a este fin, tanto en la federación como en los estados, sin que existan los controles apropiados sobre su aplicación y evaluación del cumplimiento de metas y objetivos.
La diputada integrante de la Comisión Especial para Combatir el uso Ilícito de Recursos Públicos en los Procesos Electorales afirmó que uno de los mayores incentivos para que se cometan conductas negativas, es precisamente la ausencia de esa ley, por lo que es imprescindible su debate, aprobación y puesta en práctica, previo a los comicios del próximo 1 de julio.
Recordó que en noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria del 134 Constitucional antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones del último año de la LXIII Legislatura, es decir, el 30 de abril próximo; caso contrario sería incurrir en desacato.
La legisladora enfatizó que la aprobación de la ley presentará resistencias del PRI y sus aliados que han hecho de la publicidad oficial un medio para ejercer una suerte de censura indirecta y limitar la libertad de expresión, por lo que el análisis de las diferentes iniciativas deberá considerar como punto central eliminar el gasto excesivo y su aplicación como práctica de coacción política y mercantil.
La iniciativa de los legisladores perredistas incluye la propuesta de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalice los recursos públicos autorizados en materia de propaganda gubernamental, verifique su correcta aplicación y rendición de cuentas trimestral al Congreso de la Unión.
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