Aunque existe un evidente contexto de ataques a la prensa, es imprescindible evitar confundir a la ciudadanía, con que el debate sobre los derechos de las audiencias está relacionado con limitar la libertad de expresión, cuando en realidad lo que hay es una exigencia a los medios de comunicación para que distingan cuando se informa, se está opinando o cuando un contenido es publicidad.
Las audiencias no deberían conformarse ni con la falta de transparencia con la cual hoy los medios de comunicación se conducen ni tampoco con el “desaseo” observado en la reciente resolución judicial de la Suprema Corte, en materia de derechos de audiencias, alertaron expertas.
“Se ha querido subrayar, interpretar, como una limitación a la libertad de expresión el hecho de que una audiencia tenga derecho a información veraz, a que no me confundan entre opinión, información (publicidad o propaganda) No deben entenderse (los derechos) como un obstáculo o límite… Se tiene que decir cuando se esté pagando o haya un contrato; esto es transparencia total de los medios de comunicación, que hoy no existe”, explicó Irene Levy, presidenta de Observatel.
Al participar en el foro ¿Qué está pasando con los derechos de las audiencias?, convocado por el Centro-i para la Sociedad del Futuro, recordó que han pasado casi 10 años desde que los derechos de las audiencias fueron reconocidos en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y aún no se han visto materializados, por lo que es obvio que no se puede partir de la buena voluntad.
“Si partimos de que siempre hay buena voluntad por parte de los medios de comunicación, y que el lucro nunca les va a ganar, versus las ganas de informar veraz y oportunamente; si partimos de esos principios, de esa carta a Santa Claus, ¿para qué queremos una ley que regule los derechos de las audiencias?”, cuestionó.
Aunque reconoció que se atraviesa por un mal momento, ante los ataques a la libertad de expresión por parte del gobierno, sí es importante ver en qué se basan los señalamientos de algunos, porque tampoco se puede descartar que pudiera existir la tentación de utilizar los derechos de las audiencias para intentar coartar libertades.
“Lo que sí podría suceder es que en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades hubiera una tentación para limitar la expresión de los periodistas o de los medios de comunicación, pero es muy importante hacer la diferencia entre lo que está en la ley, lo que está en la Constitución y lo que podría llegar a pasar en la práctica”.
Desde otra perspectiva, también consideró como un riesgo alarmante la forma en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está resolviendo el tema, porque esto sentará un precedente que podría tener graves implicaciones en la discusión de otros temas.
“Sí, nos da mucho gusto que la Corte no se vaya a resolver los efectos, que no vaya a aclarar cuáles son los efectos de esta sentencia, porque se trata de derechos de las audiencias… Ojo con lo que defendemos ahora, ¿Esta es la Corte que vamos a querer para que resuelva sobre temas políticos, sobre otros derechos?… Es muy peligroso lo que está pasando”.
Al respecto, Adriana Labardini, coordinadora de política y regulación para América Latina en Rhizomatica, aseguró que ahora se tiene un problema peor, que es una impartición de justicia desaseada, pues se presentaron dos proyectos de sentencia, pero con un sólo juego de resolutivos; y además, que el juego de resolutivos que vienen del proyecto es diferente al que se leyó en la sesión.
De la libertad de expresión, la ex-comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recordó que tiene un derecho espejo, el de acceso a información plural, a que no se difunda como información un contenido que es más bien publicidad, comercial o propaganda, pero es para las personas, porque a los concesionarios el Estado les concede el derecho para prestar el servicio, que corresponde al mismo Estado garantizar.
“Los concesionarios del servicio público de radiodifusión y de telecomunicaciones, sea radio, televisión, televisión de paga, están prestando un servicio público… son mecanismos para la libertad de expresión, pero la libertad de expresión es de las personas, no de los canales de televisión, no de los canales de radio”, recalcó.
Hilda Saray, defensora de las audiencias en UAM radio (en la Universidad Autónoma Metropolitana), enfatizó que el tema no se agota en la discusión de si las audiencias tienen derechos o no, porque también se trata de que los medios cumplan responsabilidades, las cuales se incluyen en los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
“No es solamente un ejercicio al aire de mi libertad de expresión y acceso a la información, porque la libertad de expresión no solamente es de los concesionarios, ni de los profesionales de los medios, sino que aterriza en todas y cada una de las personas… Y tenemos derecho a exigirlos cuando estamos frente a la prestación de un servicio público”.
Itzia Miravete, coordinadora de Prevención del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, recalcó que garantizar la diversidad de ideas robustece el debate público, que a su vez contribuye a generar garantías para el derecho a la información; sin embargo, en el contexto actual se ataca a quienes tratan de generar, buscar y compartir información, mediante amenazas, actos de intimidación y discurso estigmatizante.
“No es ninguna casualidad, ni coincidencia, que tanto la libertad expresión como los derechos de las audiencias de cierta manera, están siendo menoscabados, cómo se busca censurar y violentar las voces que están ejerciendo la libertad de expresión, no es menor que en este sexenio haya 36 periodistas asesinados en probable relación con su labor periodística y que tan solo 11 hayan ocurrido este año”.
Por otra parte, expuso, la falta de transparencia, así como de criterios en función de la idoneidad en la asignación de publicidad oficial son algunas de las malas prácticas que aún existen y que terminan coartando la libertad de expresión y no permiten que existan garantías para el acceso a la información.
“Si bien en la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo se ha ejercido una cuarta parte de lo que se ejerció en la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto, todavía estamos viendo que existen malas prácticas en la asignación de este recurso de publicidad oficial y lo siguen concentrando 10 medios de comunicación”.
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