Un reciente estudio de la consultora KPMG destacó que la confianza en la economía doméstica presenta un franco “desplome”; pero aún más revelador fue que los CEO entrevistados confían que la recuperación para salir de la crítica situación actual llegará más por lo que puedan hacer en su trinchera, es decir, desde sus propias organizaciones.
Mostró también cómo la pandemia del COVID-19 aceleró procesos de transformación digital y de necesaria innovación entre el sector productivo, pero más importante aún, cómo el uso de la tecnología ha favorecido en mayor medida a las mejor preparadas, a las que invirtieron no solo para sobrevivir, sino para mejorar su operación y crear nuevos modelos de negocio.
En medio de esta crisis inesperada, resalta también la resiliencia y el papel primordial que han tenido bajo un contexto de confinamiento sanitario, las telecomunicaciones y el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para resolver actividades cotidianas del consumidor o la operación de la planta productiva, resaltando nuevamente el desempeño de los más fuertes, de los mejores.
Ante estas lecciones, que muestran que los tiempos de crisis también son de oportunidades, llama la atención que persistan renovadas intentonas del STRM de evocar la aplicación de viejas prácticas -que por cierto ellos mismos reprueban- para privilegiar su posición en el mercado de las telecomunicaciones, donde a pesar de seis años de leyes asimétricas “el grandote” sigue siendo América Móvil (Agente Económico Preponderante) en perjuicio de sus escasos competidores.
Aseverar que la apertura de la inversión extranjera en telecomunicaciones al 100 por ciento, que modificar el derecho de amparo, que la regulación vigente y el actuar del IFT, se crearon sólo para repartir el mercado entre gigantes extranjeros, es desconocer que a diferencia de sectores como el energético, educativo y financiero, la reforma en telecomunicaciones sí generó beneficios palpables para el consumidor y las empresas.
A seis años de nueva regulación, la apertura de la inversión no significó el arribo de una oleada de “gigantes” telecom como lo afirma el STRM; a partir de la reforma de 2013, sólo se registra la llegada de AT&T, un jugador que por cierto ya operaba en México, mientras que poco más de una decena de Operadores Móviles Virtuales, nada pueden presumir pues apenas captan 2.0 por ciento del mercado.
El derecho al Amparo permanece intacto, pero dejó de ser una treta jurídica para aquellas empresas que buscaban acabar con sus competidores, dilatando la ejecución expedita de la regulación en materia de competencia económica a través de juicios largos y penosos en los cuales cuando llegaba la resolución, las prácticas anticompetitivas ya habían logrado su cometido.
En estos seis años la creación de un regulador autónomo logró lo imposible: Decretar y justificar bajo reglas claras de competencia la existencia del AEP en telecom (también en radiodifusión) y a partir de ese proceso beneficiar a los consumidores con planes y precios más competitivos que han favorecido mayor acceso a estos servicios y una mayor inclusión digital, las cifras son irrefutables .
El STRM y el AEP seguro saben que en cualquier justa deportiva, no es el árbitro el que decide quién gana o pierde, sino el esfuerzo, el empeño y la preparación de cada competidor lo que define el resultado, al enfrentarse conocen las reglas y se ciñen a ellas, pero siempre habrá uno que demuestre por qué es el mejor.
Seguro también conocen que en el desafío de conectar a los millones de desconectados en el país, al igual que en los mercados desarrollados, las reglas y las normas están puestas sobre la mesa para crear un terreno de competencia abierta y transparente, y cómo con tarifas de interconexión y compartición de infraestructura efectiva se genera el ambiente propicio para disminuir la brecha digital, donde todos saldremos ganando, pero sin duda, donde resaltará quién es el mejor.
C$T-GM