Sin siquiera haber cumplido un mes, la vinculación de líneas que todas las personas usuarias de telefonía móvil estamos obligadas a realizar ante las empresas proveedoras del servicio, ya pasó por todo: drama, suspenso, intriga, comedia, y por supuesto, miedo.
De acuerdo con la lógica de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y de las autoridades en materia de seguridad pública, una vez que cada número telefónico esté asociado a un nombre y apellido, o como en el caso de las empresas a un RFC, se tendrá como resultado una reducción en delitos que utilizan la telefonía móvil como, por ejemplo, la extorsión.
Sin duda, se trata de un loable objetivo, pero hay preguntas sin resolver: ¿Bastarán sólo seis meses para que las 8 de cada 10 líneas en el país que hoy no se sabe de quién son, se registren? ¿Existe suficiente información y facilidades reales para que las personas que viven en zonas rurales y apartadas puedan realizar su registro?
¿Los chicos malos de la película (extorsionadores, acosadores, defraudadores) se quedarán con los brazos cruzados? ¿Dejarán de usar la telefonía móvil y se pondrán a enviar cartas anónimas con letras recortadas de revistas? ¿Qué pasará cuando una persona sea víctima del robo de su celular y con dicho dispositivo se cometa un delito?
De acuerdo con los especialistas de la organización R3D, en 160 países del mundo existen este tipo de registros de telefonía móvil, sin embargo, no existe evidencia científica que sustente que hay una correlación entre el registro de líneas telefónicas y la disminución del delito.
“De lo que sí hay evidencia internacional es que ocurre un fenómeno de desplazamiento delictivo. ¿Qué significa esto? Que surgen otro tipo de delitos asociados al registro de líneas telefónicas. Primordialmente son cuatro: el robo de teléfonos celulares, suplantación de identidad, clonación de líneas telefónicas y el surgimiento de contrabando o mercados negros de tarjetas SIM de otros países”, sostiene José Flores, director de comunicación de R3D.
Por poner sólo un ejemplo, vale recordar algunas cifras aportadas por la consultora The CIU: Al cierre de 2024, alrededor de 2.2 millones de smartphones fueron robados o extraviados, lo que representó un impacto económico en términos de merma por 10.2 mil millones de pesos para los bolsillos de los usuarios.
Por otro lado, informes como A Year in Freud, de la firma Unico, evidencian que México se ha convertido en el epicentro del fraude digital en América Latina, con niveles cinco veces más altos que países como Brasil: Tan solo en 2024, el fraude por suplantación digital creció 84 por ciento y la circulación de identidades falsas 49 por ciento.
Llama la atención que pese a ser la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la emisora de los lineamientos para la vinculación de líneas móviles y la autoridad que tendrá que verificar el cumplimiento de éstos, fue José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el encargado de dar la primera cifra relacionada con este registro:
“Al momento se han registrado 2 millones 151 mil 802 líneas, por supuesto esto va a ir avanzando y acelerando”, expuso en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 16 de enero.
El funcionario también informó que en febrero, las empresas de telefonía móvil pondrán a disposición de sus usuarios una plataforma de consulta para verificar cuántas líneas están asociadas a su nombre, pues bajo esta nueva regulación, cada persona puede vincular hasta 10 líneas, por ejemplo, en caso de desearlo, de hijos o personas adultas mayores.
En materia de seguridad pública y tecnología, bien se puede asegurar que mientras las autoridades van por la escalera de emergencia, la delincuencia viaja en elevador y no hay que tener dotes de pitonisa para anticipar los usos que se le pueden dar a la Inteligencia Artificial (IA) para saltar, por ejemplo, la verificación facial en el registro remoto.
Sin olvidar que la vinculación de líneas es una política impulsada por el actual gobierno y no por las empresas de telefonía, en las que recae toda la responsabilidad del resguardo, mantenimiento y seguridad de sus registros, vale cuestionar ¿Es posible burlar los sistemas de registro con datos personales de personajes públicos y videos generados con Inteligencia Artificial? ¿Se puede garantizar que no existirá un mercado negro de chips asociados a datos personales robados?
El proceso para el registro remoto exige tomar una fotografía de una identificación que contenga la CURP, para luego usar la cámara del teléfono para validar el rostro de la persona, en algo parecido a una selfie, pero que incluye movimientos desde diversos ángulos.
Sin embargo, en redes sociales ya existen presuntas evidencias de cómo se podrían saltar estos filtros utilizando IA para generar una identidad falsa que se puede asociar a datos personales que podrían haber sido robados, como por ejemplo, de personajes famosos como el senador Gerardo Fernández Noroña.
Incluso, en plataformas como Facebook ya hay quien ofrece chips supuestamente registrados y validados. “Incluye registro de CURP, datos biométricos, verificación facial (prueba de vida) lista”, asegura la publicación que ofrece las tarjetas SIM de Telcel y Bait, por mil 500 pesos.
Tal como expresó el titular de la ATDT al referirse al número de líneas que ya se asociaron a la identidad de una persona titular o usuaria, “esto va a ir avanzando y acelerando”, como también lo harán las malas mañas y la creatividad de los chicos malos, de esos que nunca faltan en las películas.
C$T-GM
