Con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, la transformación digital y el acceso universal a Internet se han convertido en ejes fundamentales para combatir las desigualdades sociales y económicas en México. La administración ha anunciado planes ambiciosos para cerrar la brecha digital, especialmente en zonas rurales y comunidades marginadas, donde el acceso a Internet sigue siendo limitado.
En este contexto, la presidenta mencionó dentro de los 100 puntos de compromiso presentados el 1º de octubre una reforma para seguir ampliando el acceso a internet para todas las personas, que involucra cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales sobre áreas estratégicas y establece, entre otras cosas, que no constituirá monopolio el servicio de Internet que provea el Estado.
Sin embargo, no queda claro el papel del sector privado, en especial del representado por empresas MiPymes, universo en el que se debe contemplar a los pequeños operadores de telecomunicaciones (en adelante “pequeños operadores”) que han sido desde hace más de 10 años una alternativa a la conectividad.
A pesar de que la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 no establecen una categoría explícita de “pequeños operadores”, éstos son una realidad y son encuadrados como concesionarios y autorizados que comercializan servicios de telecomunicaciones, permitiendo diferentes modelos de negocios con redes alámbricas e inalámbricas, con o sin infraestructura propia.
Como resultado se tienen algunos ejemplos como operadores móviles virtuales o proveedores de Internet inalámbrico (MVNOs o WISPs por sus siglas en inglés), sin estar limitado a otras opciones existentes o que puedan desarrollarse dependiendo de los nuevos modelos de negocio o de las necesidades del mercado y de la sociedad.
Por ello, es una buena oportunidad considerar a los pequeños operadores en los cambios constitucionales y/o de legislación secundaria pues han demostrado ser empresas de proximidad que ofrecen servicios de conectividad en áreas desatendidas o donde los grandes operadores no encuentran rentabilidad suficiente, pudiendo ser áreas urbanas, semiurbanas y rurales.
Este tipo de empresas tienen redes híbridas que les permiten ser dinámicas en la prestación de los servicios a través de diferentes medios de transmisión, priorizando el despliegue de fibra óptica por los altos costos del espectro radioeléctrico en México.
Las redes inalámbricas fijas usan principalmente espectro no licenciado y la prospectiva de esta industria es que su funcionamiento continuará de manera competitiva en tanto se dé la apertura completa de WiFi 6 en México.
La efectividad de sus operaciones es muy alta por tener presencia local y por ello son considerados como “operadores de proximidad”. Esto fue esencial en la pandemia de Covid-19 en la cual facilitaron la conectividad de mejor manera por su cercanía ante las dificultades de atención a los usuarios por los grandes operadores. Su estructura flexible les permite adaptarse rápidamente a las necesidades locales.
Por ello, estos operadores tienen un impacto social, brindando servicios asequibles y diseñados a la medida para localidades específicas para usuarios residenciales o empresariales, incluso siendo muchas veces la única solución para proyectos educativos y sociales, lo que los convierte en actores esenciales para el desarrollo digital del país.
A pesar del crecimiento de la infraestructura nacional, aún persiste una brecha digital significativa: cerca del 30 por ciento de la población, de la cual al menos la mitad corresponde a localidades rurales siguen sin acceso regular a internet.
El gobierno de Sheinbaum ha puesto la necesidad de llevar servicios de internet al menor precio posible, pero el modelo de empresas públicas del Estado rompe el equilibrio y la neutralidad competitiva, en especial sin tomar en cuenta las voces de los pequeños operadores de telecomunicaciones.
De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado de las Naciones Unidas para la tecnología digital, un enfoque de “múltiples partes interesadas” (multistakeholder en inglés) que conlleva la participación y consideración de los enfoques de todos los actores que componen el ecosistema digital, es necesario para la reducción de la brecha digital y por ello se requiere la colaboración con actores no tradicionales, donde los pequeños operadores tienen un rol y son una realidad en muchas localidades.
Tan solo como un ejemplo, según la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) en Brasil y la Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de internet de América Latina y el Caribe (LAC-ISP), los pequeños operadores de telecomunicaciones (prestadoras de serviços de telecomunicações de pequeno porte, en portugués) representan 54 por ciento del mercado.
La relevancia de estos actores es tal que la ANATEL creó en el 2018 un Comité de Pequeños Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones como un espacio de diálogo entre las autoridades y la sociedad, con el objeto de sugerir mejoras a la normativa, consolidar las demandas del sector y proponer medidas para estimular la prestación del servicio.
Este modelo fue emulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México, a través del Acuerdo P/IFT/251023/452 de fecha 25 de octubre de 2023, por el cual se ordenó la conformación del Comité de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones que fungiría como un órgano técnico especializado de naturaleza consultiva, no vinculante y de carácter permanente.
A un año de su existencia, aún se esperan los resultados de un Comité que ha sesionado sólo en una ocasión, en parte por las incertidumbres de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa que implica la desaparición de este órgano constitucional autónomo.
Sin embargo, es una buena oportunidad para el actual Gobierno Federal de considerar el papel de los pequeños operadores por la generación de empleos directos e indirectos en las diferentes localidades, la creación de capacidades de técnicos locales y, en general, el desarrollo desde lo local que ha permitido la expansión de infraestructura digital a pesar de las fallas del gobierno y del mercado.
A pesar de que en las primeras semanas del gobierno de Sheinbaum se ha mostrado su plan de conectividad, aún es tiempo de que se considere a los pequeños operadores como una opción real. No obstante, persisten otros desafíos como la simplificación de los procesos para el despliegue de infraestructura desde lo local.
Por todo lo anterior, el gobierno de Sheinbaum debe entender que en el ecosistema digital también existen los pequeños operadores. Estos actores, con su enfoque local y compromiso social se deben convertir en aliados indispensables del gobierno para llevar Internet a cada rincón del país.
Por ello, la colaboración entre el sector público y privado seguirá siendo fundamental para superar estos obstáculos aunque hoy existen incertidumbres ante la inminente publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas constitucionales sobre áreas estratégicas y empresas públicas del Estado que se han realizado sin parlamento abierto.
C$T-GM
