Luego de ser descalificado en la licitación de la Red Compartida, el Consorcio Rivada busca impugnar la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dando paso a una etapa de especulación sobre el futuro del proyecto. ¿Debió la Secretaría cambiar de opinión o tomar una postura distinta? Aunque parezca poco intuitivo, la respuesta más racional indica que no.
Es de esperarse que luego de la decisión de la SCT y antes de que se tenga una decisión ante tribunales ocurra un intercambio de versiones encontradas sobre las posibilidades de las posturas de Rivada y la SCT.
Estas versiones naturalmente serán contradictorias y difícilmente generarán un consenso, por o que se vuelve indispensable observar a los actores involucrados en función de los beneficios que desean obtener con sus estrategias. En este espacio se expone una opinión al respecto basada en la teoría de juegos.
Resulta claro que con la descalificación de Rivada y el reclamo del consorcio la estructura del “juego” cambió. Anteriormente la estructura sugería competencia entre dos agentes (Rivada y Altán), compitiendo para demostrar una oferta económica (cobertura y guante) superior para ganar el contrato. En tanto, la SCT claramente sólo tendría que seguir adelante con el proceso licitatorio, pues como agente su ganancia está en dar cumplimiento al mandato legal de adjudicar el contrato de la red mayorista.
Con la descalificación de Rivada fundamentada en las bases del concurso se ha cuestionado si no hay caminos alternativos más convenientes. Personalmente he recibido preguntas de miembros de la prensa y otros analistas sobre la conveniencia o viabilidad de reiniciar el proceso, declararlo desierto o aceptar la garantía de seriedad de Rivada a pesar de ser entregada a destiempo.
Desde una perspectiva de teoría de juegos, la mejor posición para la SCT puede parecer poco intuitiva, pero la información disponible orienta a sugerir que la mejor estrategia es seguir adelante con la licitación. Como se mencionó anteriormente, la estructura del juego ha cambiado: Altán compite ahora contra los requisitos mínimos de la licitación, mientras que Rivada y SCT aparecen ahora como agentes antagónicos.
De esta manera, la SCT “compite” contra Rivada sobre el eje de la descalificación de este consorcio.
Un cambio en la opinión de SCT para admitir a destiempo la garantía de seriedad de Rivada no necesariamente garantizaba un retorno al juego original de competencia entre los dos consorcios, el escenario de “borrón y cuenta nueva”.
El riesgo de este escenario es que ahora el inconforme fuera Altán alegando trato preferencial a Rivada o el incumplimiento de las bases del concurso. Este escenario sólo sería viable en el caso de que Altán garantizara no inconformarse (un hipotético muy difícil de sugerir).
De este modo, el cambio de opinión de la SCT no generaría un nuevo balance sin tener garantizado que Altán declinaría presentar una inconformidad. Tomando en cuenta la información reciente sobre la licitación, todavía no existe una determinación sobre el éxito de la estrategia de impugnación de Rivada.
El 10 de noviembre, Reforma reportó que una jueza federal se negó a suspender la licitación de la SCT y que el reclamo de Rivada se turnó a un juzgado especializado en telecomunicaciones. Si el juzgado especializado en telecomunicaciones descarta la queja de Rivada o se da la razón a la SCT, esta dependencia habrá tenido ganancia como agente al lograr su objetivo: adjudicar la Red Compartida.
En términos sencillos, la apuesta de la SCT desde el origen es mantener el proceso licitatorio asumiendo que no habría conflicto o que en caso de uno, las bases del concurso y la normativa vigente respaldan su decisión en el proceso.
Debido a que esta estrategia representa el mayor beneficio para la SCT como actor independientemente de las acciones de los participantes es que se le denomina como una estrategia dominante en el contexto de la teoría de juegos.
Es entendible que las narrativas en medios o espacios de opinión sobre la disputa resalten los escenarios más críticos, como podría ser la suspensión de la licitación o al menos su retraso. Sin embargo, este escenario no es necesariamente el más probable, pues de momento el reclamo de Rivada fue turnado a un juzgado especializado en telecomunicaciones sin certeza de que el proceso será exitoso para el consorcio.
Resulta evidente que SCT no es el agente que tiene incentivos para cambiar su estrategia, pues desde el origen conducir la licitación con apego a las bases era su estrategia dominante, independientemente de que algún participante se inconformara. Mantener esta postura es lo más racional para la SCT incluso ante la amenaza de un conflicto legal.
Un revés judicial no necesariamente implicará que la SCT debió cambiar su estrategia ya que en ese caso el inconforme podría ser el consorcio competidor. Este escenario implicaría “reiniciar” el juego o el retorno al original centrado en la competencia entre dos agentes privados, pero con una revisión judicial de las reglas.
C$T-EVP
