En la reconfiguración del marco legal en materia de competencia económica, los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión se encuentran a la espera de conocer si la actividad regulatoria recaerá en una agencia o comisión antimonopolio, tras la extinción del IFT y de la Cofece.
Hasta el momento se tienen dos propuestas sobre la mesa, que si bien proceden del mismo bando político, tienen diferencias sustanciales en un aspecto clave: la creación, conformación y operación del nuevo ente regulatorio.
Por un lado, está el documento “Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica”, presentado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar en febrero pasado y en el cual asegura que contar con una agencia de competencia “fuerte y eficiente”, es indispensable para consolidar mercados más justos y dinámicos.
En su propuesta, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, plantea la creación de la Agencia Nacional para la Competencia y el Bienestar Económico, que a diferencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) estaría conformada por un Pleno de sólo cinco personas comisionadas.
Para garantizar que quienes integran la nueva autoridad cuenten con la experiencia, conocimientos y probidad necesarios para ejercer su función de manera autónoma e imparcial, se realizaría un riguroso proceso de selección que se llevará a cabo mediante una convocatoria pública.
Se conformará un Comité Técnico de Evaluación integrado por expertos en economía, derecho y políticas de competencia, provenientes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y sectores público y privado. Tras el proceso de evaluación, se remitirá al titular del Poder Ejecutivo una lista con los cinco mejores perfiles, de la cual se seleccionará y designará a la persona comisionada.
Un punto interesante de la propuesta del diputado Ramírez Cuéllar es que para garantizar la rendición de cuentas, la ciudadanía tendría acceso a la documentación del proceso, así como a los informes del Comité Técnico y la decisión final del Ejecutivo.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum envió el pasado 13 de marzo a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, en la cual propone crear la Comisión Nacional Antimonopolio, y aunque también plantea un órgano colegiado conformado por cinco personas, elimina la posibilidad de contar con un proceso de selección de aspirantes a comisionados.
Al reformar el artículo 14 de la actual Ley Federal en materia de Competencia Económica, el documento del Ejecutivo señala que las personas comisionadas de la nueva autoridad, que durarán en su cargo siete años imprrogables, serán designadas en forma escalonada por la persona Titular del Ejecutivo Federal.
Asimismo, propone que sean ratificados por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, dentro del plazo imprrogable de 20 días naturales a partir de la presentación de la propuesta.
Además, la persona que ocupe la presidencia de la Comisión Nacional Antimonopolio también será nombrada por el titular del Ejecutivo Federal de entre quienes conforman el Pleno, y el cargo será por un período de tres años, prorrogable por una sola ocasión.
“Cuando la designación recaiga en una Persona Comisionada que concluya su encargo antes de dicho período, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como Persona Comisionada”, señala el documento.
La iniciativa de reforma establece que cuando las personas comisionadas estén por concluir el período para el que hayan sido nombradas, la persona Comisionada Presidente, con tres meses de anticipación, deberá notificar esta circunstancia a la Titular del Ejecutivo Federal.
Tanto el proyecto presentado por el diputado Ramírez Cuéllar como la iniciativa de reforma del Ejecutivo comparten el objetivo de unificar funciones en materia de competencia en una sola autoridad; ambas propuestas hacen énfasis en la necesidad de agilizar plazos, de elevar sanciones, ofrecer mayor certeza jurídica y coinciden también en que la integración del órgano colegiado de la nueva autoridad es de vital importancia.
El pasado 14 de marzo el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar habló de la alta probabilidad que existe de que ambas propuestas se dictaminen en conjunto para presentarse a votación del Pleno de la Cámara de Diputados antes del 30 de abril, cuando concluirá el actual período ordinario de sesiones.
El legislador reconoció que existen “muchas coincidencias” y por lo tanto, podrían resumirse en un solo documento que sea puesto a consideración de los legisladores para su eventual aprobación.
En diversas ocasiones el diputado ha expresado que la “política de competencia es una política de bienestar” y le sobra razón; sin embargo, habrá que ver si sus correligionarios actuarán en consecuencia y se decantan por una nueva autoridad antimonopolio realmente transparente cuya conformación no esté sólo en manos de la actual presidenta de la República.
Es cierto que el brazo con el que el Estado busca poner freno a los monopolios debe ser fuerte, eficaz y autónomo, pero para lograrlo necesita sumar capital humano con altas capacidades técnicas, y no hay mejor filtro que el de un proceso de selección con criterios rigurosos y transparentes. De no garantizarlo, México estaría dando un peligroso salto al vacío en materia de competencia económica.
C$T-GM
