Un día Irene recibió una llamada. Era la voz de un hombre que ella no conocía, pero aparentemente él sí a ella, pues le habló por su nombre para amenazarla.
De forma agresiva, el desconocido comenzó a recitarle sus datos personales como su dirección, y en un momento hasta qué familiares vivían cerca de su casa.
La amenaza y extorsión ni siquiera concluyó porque Irene colgó de inmediato, sin embargo, una sola llamada hizo que una familia entrara en pánico y comenzara a hacer planes de mudarse de casa para salvaguardar su integridad.
Irene prefirió no denunciar el hecho debido al pavor que las autoridades estuvieran coludidas con estas redes delincuenciales que extorsionan por teléfono a miles de personas.
Esto ocurre en México a diario, pese a que se ha intentado combatirlo de diversas formas. En ese contexto, a los diputados se les ha ocurrido revivir una vieja idea: crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.
El miedo de Irene era justificado: investigaciones periodísticas han comprobado que las llamadas que realizan esos extorsionadores se originan, en muchos, casos desde centros penitenciarios con teléfonos celulares, en donde supuestamente están prohibidos, y no sólo eso, sino que la señal debe ser bloqueada.
Bueno, esta nueva iniciativa establece que se tendrá una base de datos con información personal, como el nombre completo del titular de una línea o la razón social, el número de la línea telefónica y el número de identificación de la tarjeta SIM, número de identificación oficial con fotografía, CURP, datos biométricos del usuario y domicilio del usuario.
Entregar dicha información no será opcional, será obligatorio para cada una de las 124 millones de líneas móviles que hoy en día existen en el país, más las que se acumulen.
La preocupación es que en un país en donde la procuración de justicia no es la mejor, y en el que además también se ha comprobado que bases de datos son vendidas en el mercado negro, sin duda no parece buena idea.
Además, hay que considerar que el gobierno federal actual no tiene en su lista de prioridades comprar soluciones de seguridad cibernética para evitar robos y hackeos, por lo que es altamente posible que nuestra información personal se filtre a miembros del crimen en algún momento.
También, imagine usted ¿qué va a pasar cuando le roben o pierda su teléfono y entonces caiga en manos equivocadas? Desde ahí se pueden realizar extorsiones. Los legisladores creen que al contar con un registro de las líneas, sabrán quién y desde qué teléfono se realizó.
La pregunta es, si mi teléfono fue robado y utilizado para un fin delincuencial, ¿la autoridad comenzará su investigación con el dueño real de la línea telefónica? ¿Se imagina lo ilógico y violatorio que es eso?
Entre 2008 y 2011 ya existió el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (Renaut) el que como le mencioné arriba, fue vulnerado y puesto a la venta en el mercado negro. Evidentemente este registro no terminó con los delitos de extorsión y secuestro, sino al contrario, el primero aumentó 40 por ciento y el segundo 8.0 por ciento.
En esta ocasión, la garantía -según los diputados- es que el resguardo de los datos, lo tendrá directamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, del cual no dudo; sin embargo, no debemos perder de vista la relación complicada que el gobierno federal sostiene con los organismos autónomos, a tal grado que ya se han registrado algunos intentos para desaparecer el IFT.
Además, en cuestiones presupuestarias este órgano regulador tampoco recibió suficientes recursos como para adquirir una infraestructura tecnológica que permita garantizar que una base de datos de ese tamaño y de esa sensibilidad se mantenga segura.
Los legisladores tienen la buena voluntad de que el gobierno federal termine con delitos como el secuestro y la extorsión, pero definitivamente no creo que el camino sea teniendo toda nuestra información personal en sus manos.
Ojalá escuchen a los ciudadanos, organizaciones civiles, y a la industria; yo no quiero entregarles mis datos personales, ¿usted está dispuesto?
C$T-EVP
