Editorial
Este martes 3 de octubre las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos, emitirán el dictamen mediante el cual se decidirá quién de los cinco Comisionados aspirantes resulta ser el mejor candidato para ocupar por los próximos cuatro años la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Nada novedoso de comentar tendría el proceso, si no fuera por los inexplicables retrasos en los que incurrió esta instancia legislativa, y donde en una suerte de autocrítica, el senador Javier Lozano, reconoció y señaló con toda precisión la serie de «negligencias» en las que incurrieron, sin que existan responsables, «sin que pase nada».
Durante la jornada de comparecencias el pasado 27 de septiembre el legislador panista cuestionó a sus pares ahí presentes por qué en forma «irresponsable» se mantiene por más de ochos meses acéfala la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, un tema que se convirtió en el principal impedimento y justificación para no iniciar en tiempo y forma el proceso de sustitución de la Presidencia del IFT.
Aunque el legislador no destacó que ese tiempo fue casi el mismo que solicitó licencia para probar suerte en el gobierno poblano de Tony Gali, aseguró que la ausencia del Presidente en la citada comisión, propició que la Suprema Corte «se fuera solita y nos diera un palo», en la discusión de la constitucionalidad del artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).
El legislador sostuvo que esto permitió que el tema no fuera discutido y cabildeado adecuadamente para demostrar de forma clara cómo en el artículo 4º transitorio de la LFTR se integraron facultades para que el Congreso de la Unión pudiera regular redes públicas de telecomunicaciones.
La crítica también alcanzó a la Cámara de Diputados, la cual no ha sido capaz de nombrar un contralor para el IFT, aunque se le exige que garantice transparencia y absoluta rendición de cuentas, otro acto de clara «negligencia», y donde el Senador aseguró «tampoco pasa nada».
El análisis no pudo ser más oportuno; sin embargo, resulta lamentable que no supere el nivel de la simple reflexión y que los casos de «negligencias e irresponsabilidades» continúen registrándose en el ámbito legislativo, sin fincar responsabilidades, pero sobre todo que continúe el actuar de un poder, el cual en la práctica no tiene la obligación de rendirle cuentas a nadie.
Aunque las tareas relevantes del órgano regulador no se vieron interrumpidas, pues está establecida en ley una presidencia interina, el Senado nunca justificó cual fue la razón para realizar un proceso de análisis y ratificación en la Comisión Federal de Competencia y postergar por tanto tiempo un proceso similar en el IFT; justificar la imposibilidad de realizar una convocatoria por una Comisión de Comunicaciones y Transportes acéfala, aunque más tarde este factor fue superado sin problema, sin resistencias, todo se trató de voluntad política.
Dar certidumbre a los inversionistas y a las empresas de un sector tan dinámico como el de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión no acaba en la trinchera regulatoria, cumplir con los tiempos y formas legislativas son también indispensables para enviar señales de certeza a una industria bajo una constante evolución.
C$T-EVP