En temas de tecnología es común encontrar referencias a 1984, de la novela de George Orwell, para encontrar paralelismos con acciones como la vigilancia masiva de comunicaciones y la figura del “Gran Hermano”. No obstante, un elemento más común pero quizás menos vistoso es el uso de “lenguaje orwelliano” en la discusión de políticas y leyes sobre telecomunicaciones y medios.
Este término se refiere al empleo de palabras para exponer significados distintos a los de su definición.
Con estas estrategias se construyen, por ejemplo, mensajes y eufemismos que esconden objetivos que pueden ser cuestionados por la opinión pública. Así, por ejemplo, cuando una empresa anuncia una ola de despidos menciona que iniciará una iniciativa para “reducir costos” o cuando una ley que reduce libertades civiles se plantea generalmente se invoca a la seguridad pública.
Al acercarse el 31 de diciembre del 2015, fecha constitucional para el apagón analógico, en el Senado se aprobó el 1 de diciembre una iniciativa para modificar el artículo décimo noveno transitorio (19-T) de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR). Debe aclararse que esto no afecta el plazo establecido en la constitución como planteaban, por ejemplo, dos iniciativas previas que no progresaron en el mismo Senado. En ellas el lenguaje orwelliano ha estado presente.
El proponente de la iniciativa aprobada, el senador Roberto Gil Zuarth (PAN) expone en la justificación del documento la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de los medios públicos en caso de que no completen a tiempo su transición a la señal digital.
No obstante, no declara abiertamente que con la redacción del proyecto se abre la puerta para que los concesionarios puedan migrar algunas de sus estaciones luego del plazo constitucional bajo un esquema diseñado originalmente para permisionarios (TV gubernamental, por ejemplo).
Esta idea no es negativa en sí misma y de hecho arroja luz sobre una de las áreas de oportunidad de la LFTR. Entonces, ¿por qué no mencionarlo abiertamente en la propuesta?
En el debate en torno a esta iniciativa hay al menos tres argumentos que usan el lenguaje orwelliano. Dos de ellos en la propuesta panista y uno en críticas hacia esta que han aparecidos en espacios de opinión editorial.
Primero, la iniciativa panista no crea desde cero un régimen para asistir a los medios públicos que no han podido “digitalizarse”. La LFTR desde 2014 ya tenía un esquema en el 19-T para que estaciones de baja potencia de permisionarios transitaran a la Televisión Digital Terrestre (TDT) luego del plazo constitucional.
Este esquema tiene un impacto potencial en el 65 por ciento de este tipo de licencias de TV, pues esta es la proporción de señales principales que operan en baja potencia, de acuerdo con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a octubre de 2015.
El 19-T de la LFTR considera como estaciones de bajo poder a las que transmiten a razón de 1 kW o menos entre los canales 2 al 13 (banda VHF) o igual o menor a 10 kW en los canales del 15 en adelante (banda UHF).
No todas las estaciones de TV pública de alta potencia han migrado a la TDT. Son estas las que podrían beneficiarse de un régimen para transitar luego de la fecha constitucional, pero el régimen que propone la iniciativa panista es apegarse al artículo 157 de la LFTR para que se les permita suspender temporalmente sus transmisiones mientras realizan su transición para evitar sanciones. Este planteamiento entra en tensión con la idea de dar continuidad al servicio, aunque permitiría mantener las licencias.
De acuerdo con datos de octubre del IFT, 57 señales de permisionarios en alta potencia ya operaban TDT. En contraste, sólo una señal principal en baja potencia hace lo propio, estando la mayoría de estas últimas en proceso de autorización o instalación.
Segundo argumento, la iniciativa sí tiene efectos para los concesionarios comerciales, no sólo los permisionarios sin fines de lucro. La TV privada ha invertido en su digitalización, como es su obligación, y la migración a TDT de las señales principales de TV comercial es casi total hacia finales de 2015, de acuerdo con datos del IFT.
Sin embargo, es en las estaciones complementarias donde se observa el retraso en el proceso, incluyendo las de baja potencia. Estas unidades generalmente transmiten con menos potencia para abarcar zonas de “sombra” a donde no llega la señal principal.
La iniciativa panista abre la posibilidad de migar estas últimas luego de la fecha constitucional del apagón. En la redacción original del 19-T, las únicas estaciones de bajo poder que podían migrar luego del 2015 eran la de los permisionarios, mientras que en la propuesta del senador Gil Zuarth se sustituye este término por “operadores”, una definición ambigua.
Aunque la iniciativa panista se centra en los medios públicos, propone una redacción del 19-T que permitiría a operadores comerciales acceder a un esquema diseñado para señales sin fines de lucro. Este escenario no se describe explícitamente en la exposición de motivos del legislador.
De acuerdo con los datos del IFT, la mayoría de las estaciones comerciales complementarias, un total de 466, no tenían solicitud para migrar a TDT. De ellas, 324 serían de baja potencia y candidatas a ser migradas luego del plazo constitucional con la nueva redacción del 19-T si el proyecto progresa en la Cámara de Diputados.
En la presentación de la iniciativa, Gil Zuarth manifiesta que con los cambios los medios públicos evitarían sanciones (artículos 303 y 157 de la LFTR) por no cumplir el plazo constitucional. Sin embargo, no acota que esto no aplicaría para sus estaciones de baja potencia, pues el 19-T ya contemplaba un plazo para que transitaran luego de 2015.
Sustituir en la redacción del 19-T el término “permisionarios” por “operadores” introduce un beneficio potencial para los medios privados sin mencionarlos directamente. En otras palabras, con esto se abre la puerta a no sancionar estaciones privadas de baja potencia que no han migrado a la TDT. El lenguaje habla de beneficios públicos e introduce un beneficio privado sin mencionarlo directamente.
Tercero, contrario a la concepción de que los concesionarios comerciales buscan anular o retrasar el apagón, la propuesta panista no modifica la fecha constitucional ni las obligaciones para transitar a la TDT en México.
Más bien, esta propuesta flexibiliza los términos del 19-T para permitir la migración post 2015 de estaciones de bajo poder públicos y privados, ya que estos segundos no estaban incluidos originalmente.
Con esto se evitarían, por ejemplo, sanciones a concesionarios comerciales que no logren digitalizar en 2015 sus estaciones complementarias de baja potencia, como las que se exponen en el siguiente escenario:
Independientemente del futuro que tenga la iniciativa en la Cámara de Diputados, debe recordarse que ante un incumplimiento el Estado no necesariamente está orillado a adoptar un afán recaudatorio para priorizar multas económicas, sobre todo si se pondera con la intención de dar continuidad del servicio en estaciones que brindan cobertura social.
Los datos del IFT muestran que los concesionarios han invertido para migrar sus señales principales, pero el proceso ha ido más lento en las complementarias. Con esta iniciativa, las señales privadas de baja potencia podrían beneficiarse del plazo para transitar post 2015 previsto en el 19-T, cuando su redacción original sólo contemplaba a señales permisionadas.
Esto obliga a plantear una pregunta de seguimiento, ¿por qué la redacción original de este transitorio excluía en principio a las señales con fines de lucro? A final de cuentas, es el mismo Senado que votó el esquema original.
C$C-EVP
