Es contradictorio cada vez que el Gobierno federal y el Poder Legislativo insisten en desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y al mismo tiempo buscan otorgarle nuevas funciones como las que esta misma semana conocimos con dos iniciativas de ley: la del Senador por Morena Ricardo Monreal (él ha propuesto directamente desaparecer al IFT) de regular las redes sociales; y la del diputado, también por Morena, Javier Hidalgo Ponce sobre la creación de la Ley Federal de Protección al Usuario Digital, que además contempla modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Ambas iniciativas le dan al IFT nuevas obligaciones que nos llevan a insistir en la importancia de mantener su autonomía.
Imagine que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes absorbiera las atribuciones del IFT, como también se ha propuesto, sería entonces el propio Gobierno federal quien vigilaría y tomaría responsabilidad de los nuevos y antiguos roles del regulador.
En tal caso, es importante no perder de vista que si desaparecen al IFT, el propio Gobierno federal sería juez y parte, ya que las instituciones, gobernantes y políticos también son usuarios de los servicios digitales. Eso sin mencionar todas las violaciones y argumentos insostenibles en los que se basan ambas iniciativas, que otros colegas ya han señalado puntualmente.
A continuación enumero y resumo las nuevas funciones del IFT en caso de que se aprueben ambas propuestas legislativas:
1.Autorizar permisos de operación a redes sociales que tengan más de un millón de usuarios en el territorio nacional.
2.Establecer lineamientos de operación de las redes sociales.
3.Revisar términos y condiciones de los servicios para una eventual aprobación.
4.Vigilar impugnaciones de usuarios ante una eventual suspensión de cuentas en redes sociales.
5.Recibir y resolver quejas por parte de usuarios de redes sociales sobre alguna violación a derechos humanos y libertad de expresión.
6.Deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en el sector digital.
7.Recabar información y hacer estudios para poder cumplir con el seguimiento a él o los nuevos preponderantes digitales.
8.Vigilar la calidad de los servicios digitales. La propuesta es generalizada y no hace distinción de mercados digitales como redes sociales, comercio electrónico o video streaming.
9.Imponer medidas necesarias a servicios digitales para garantizar la competencia efectiva.
10.Vigilar el cumplimiento de las medidas impuestas, darles seguimiento en el tiempo y en su caso establecer multas en caso de que no se cumplan.
Por todo lo anterior, es fundamental que en ambos casos se haga una convocatoria para dialogar, discutir y proponer de manera amplia y abierta a todos los involucrados como son la ciudadanía, academia, industria, reguladores y expertos.
C$T-GM
