En una entrega pasada, Sheinbaum y el futuro digital ¿Qué rol juegan los pequeños operadores telecom? se informó sobre los planes ambiciosos de la nueva administración para cerrar la brecha digital, especialmente en zonas rurales y comunidades marginadas, y se explicó de las oportunidades de conectividad a través de los pequeños operadores de telecomunicaciones (en adelante “pequeños operadores”).
Asimismo, se refirió que un avance para su reconocimiento por parte del hoy casi extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue la publicación del Acuerdo P/IFT/251023/452 de fecha 25 de octubre de 2023, por el cual se ordenó la conformación del Comité de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones.
Sin embargo, el Pleno del IFT decidió por unanimidad extinguir la semana pasada a este Comité sin un motivo de peso y sin dar explicación justificada a todas las partes interesadas que contribuyeron a su conformación.
La falta de congruencia del IFT en esta decisión va en contra de las mejores prácticas internacionales, así como de los comentarios de la industria que fueron hechos en la consulta pública correspondiente.
Más importante aún, la decisión va en contra sus propios estudios y de las recomendaciones de su Consejo Consultivo que, dicho sea de paso, dedicaron muchos recursos y tiempo para diseñar varios documentos desde junio de 2022, tomando como antecedentes diversas recomendaciones y documentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), así como disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, incluyendo programas nacionales que refieren a operadores indígenas, pequeños operadores y redes comunitarias.
Es decir, se está “perdiendo lo ganado” sin darle oportunidad a la nueva dependencia del Ejecutivo Federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de manifestar su opinión respecto a temas de relevancia de conformidad con su atribución para conducir la política pública de telecomunicaciones e implementar las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (PND), mismo que está por publicarse, y que por cierto contiene un diagnóstico para lograr una “República próspera y conectada” mencionando expresamente que “México debe adoptar políticas de fomento industrial, comercial y de competencia, que devuelvan al Estado su papel activo en la planeación económica, priorizando el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Por si fuera poco, la decisión del IFT omite analizar la importancia del sector de desarrollo de las telecomunicaciones en un año en el que se lleva a cabo el evento internacional de mayor relevancia organizado por la UIT, la World Telecommunication Development Conference (WTDC, por sus siglas en Inglés), la cual fija las estrategias y los objetivos a efectos del desarrollo de las telecomunicaciones/TIC, facilitando orientaciones y directrices a ese sector para el futuro.
Sin duda, esta acción del IFT es un mal mensaje que lejos de contribuir a un entorno de regulación colaborativa lo está afectando. No hay que olvidar que el Instituto debe optimizar sus tiempos y recursos, pues derivado de la Reforma Constitucional en Materia de Simplificación Orgánica del pasado 20 de diciembre de 2024, el órgano regulador está en un periodo transitorio de extinción, conforme se mandata en el Décimo Artículo Transitorio, el cual establece que la dependencia del Ejecutivo Federal que sustituye al IFT entrará en funciones en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Por ello, no se entiende la decisión intempestiva del Instituto ya que el mensaje debiera ser que existe un diálogo activo (y no simulaciones) con la industria, en la cual también hay micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de fortalecer al sector de cara a los objetivos planteados en el PND.
A pesar de la breve operación y áreas de mejora de este Comité, que incluso contó con la instalación, pero no con la despedida del Presidente del IFT, se dejó un mensaje importante del papel que juegan los pequeños operadores para ser tomados en cuenta en mesas de trabajo que consistían en la regulación y mejora normativa, atención a las necesidades de capacitación, así como despliegue y compartición de infraestructura de telecomunicaciones.
Llama la atención que esta decisión de extinguir a un Comité no vaya acompañada de otras acciones para eliminar a otras instancias similares del IFT, que en su caso se justificarían con mayor peso tras la cancelación de la Licitación IFT-12 para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de segmentos de espectro radioeléctrico susceptibles para la provisión de servicios 5G.
Sin duda, los trabajos del Comité de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones pudieron haber sumado en el proceso legislativo y dictaminación inminentes de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de contribuir con un ambiente habilitante que permitiera un régimen especial que los reconozca legalmente como concesionarios y autorizados comerciales con gran impacto social que requieren un tratamiento ad hoc con políticas públicas que les permitieran seguir operando en las zonas no atendidas en las que ya tienen una presencia y, sobre todo, una curva de aprendizaje desde lo local.
Otra reflexión, y que no se puede olvidar, es que los pequeños operadores mostraron su importancia y resiliencia hace casi cinco años durante la pandemia de COVID-19, cuando las telecomunicaciones fueron consideradas como una actividad esencial.
En ese momento de emergencia sanitaria, el IFT envió un exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar que los trabajadores de los concesionarios de telecomunicaciones (muchos de ellos pequeños operadores que fueron la única solución local) contaran con las facilidades amplias y suficientes para la realización de tareas tendientes a garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de la población y zonas productivas.
En definitiva, el IFT ha dado otro mal mensaje pues mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa una ambiciosa agenda para lograr una “República próspera y conectada”, el casi extinto regulador invierte tiempo en poner fin a un espacio de diálogo entre actores del ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Al final, en estos tiempos de reflexión, la extinción del otrora organismo constitucional autónomo puede significar una oportunidad para la Agencia como nueva cabeza de sector, pues ante la necesidad de infraestructura digital, una gran solución es el reconocimiento y alianzas con los pequeños operadores que pueden contribuir a los objetivos del Plan de Desarrollo de México 2025-2030, a fin de garantizar el acceso efectivo a telecomunicaciones e Internet mediante el despliegue de infraestructura adecuada y la provisión de servicios de conectividad accesibles, eficientes y de calidad para toda la población.
C$T-GM
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