El segundo semestre de 2017 carga con lo que parecen ser soluciones para dos temas polémicos en la agenda de telecomunicaciones en México: el litigio de la “tarifa cero” y la adjudicación de la banda 2.5 GHz para servicios móviles.
Sin embargo, estos nuevos procesos podrían ser más bien “acordes” que aportan tensión más que una resolución definitiva si se toma en cuenta que el mercado móvil mexicano mantiene su proceso de reconfiguración y adopción de nuevos tipos de servicio.
El que tendrá más visibilidad en esta semana es sin duda el mal llamado caso de la “tasa” o “tarifa cero” que se discutirá este miércoles 16 de agosto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En síntesis, se discutirá si se ampara a América Móvil ante la prohibición de que cobre a sus competidores por el tráfico que termine en sus redes. El Congreso estableció esta regla en el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) como una medida que aplica expresamente al Agente Económico Preponderante de telecomunicaciones (AEP-T).
Aunque se ha encuadrado como “tarifa cero”, lo cierto es que el Congreso no fijó técnicamente una cifra, sino una prohibición. Aunque parezca una distinción sin diferencia (al final de la ruta, el AEP-T estaría percibiendo un valor idéntico por el servicio de terminación), es preciso entender que esta precisión es importante desde lo legal.
Por un lado, este caso no puede encuadrarse como “interconexión cero”, porque esta clase de servicios están definidos en la LFTR y no están limitados a la terminación de tráfico de voz y SMS como indica el artículo 131 de dicha norma. América Móvil sí puede cobrar por otros servicios de interconexión (enlaces de transmisión, servicios de tránsito, por ejemplo).
En su lugar, el proyecto del Ministro Javier Laynez Potisek indica que más bien se ampararía al AEP-T contra lo que “recetó” el Congreso y la pelota estaría ahora en la cancha del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para decidir si aplica asimetrías en el servicio de terminación. Es decir, no se elimina el régimen asimétrico ni se revierte el régimen de preponderancia, un concepto central de la reforma de telecomunicaciones, y se establecería que el Congreso no era la autoridad facultada para regular en ese tema particular de interconexión.
Un fallo que favorezca la causa de América Móvil no implica que sus subsidiarias estarían cobrando “a precio de mercado” por terminación de tráfico. Como precedente, el IFT emitió regulación asimétrica aplicada a terminación desde 2014, cuando se conocieron las primeras medidas de preponderancia y antes de que el Congreso expidiera la LFTR.
Esta implicación regulatoria implica que se puede abrir un nuevo conflicto entre América Móvil y el IFT si este último recomienda efectivamente una “tarifa cero” para terminación de voz, ya que la SCJN no ampararía ante un nivel específico de la asimetría. De hecho, es predecible que América Móvil litigaría eventualmente la tarifa asimétrica que se le pueda imponer.
El proyecto que se discutirá el miércoles no incluye que Telefónica o AT&T deberán compensar a Telcel a Telmex por la “tarifa cero”. Esto no quiere decir que no deberán generar ajustes en su oferta comercial o que no tendrá consecuencias en los operadores no dominantes. Para estas empresas, un efecto importante es que dejarán de percibir un ahorro operativo en aquellos planes que incluyen minutos y SMS “ilimitados”.
Sin mucho respaldo se ha promovido la idea de que una vez que entró en vigor la “tarifa cero” se disparó el uso de minutos de voz en México. Como observó Telconomia previamente en un análisis, los cambios en el consumo se presentaron a partir de 2016, es decir, el cambio en regulación y política pública no se tradujo inmediatamente en cambios en la conducta de los usuarios, precisamente porque hay mediadores importantes como la oferta comercial de los prestadores de servicio.
En otras palabras, si la oferta de planes no cambió inmediatamente en agosto-septiembre de 2014 (cuando entró en vigor la “tarifa cero”), no había incentivos para que los usuarios móviles cambiaran su comportamiento. En cambio, con la renovación de planes de AT&T y Telefónica, Telcel quedó obligado a lanzar esquemas similares. Este cambio se observó más claramente en el mercado entre finales de 2015 e inicio de 2016, que es cuando se encuentra una coincidencia con el aumento de consumos de minutos de voz a nivel nacional.
El tema de la “tarifa cero” no es solamente “retroactivo” y el hecho de que no se ordenen pagos de periodos pasados no quiere decir que no habrá consecuencias en las estrategias de los competidores. Para empezar, este ahorro se vuelve ahora más relevante en un contexto donde más planes están definidos por su “canasta” de datos y se incluyen los SMS y minutos de voz como beneficio secundario.
Ahora los competidores tendrán que pagar probablemente por ese tráfico que saldrá a las redes del AEP-T, lo que podría generar una nueva segmentación de los planes.
En temas de espectro, el IFT finalmente puso a consulta pública las bases de la licitación 2.5 GHz. No se estableció una prohibición expresa contra la participación de Telcel, sino un esquema de topes de espectro que limita a este operador… pero también a AT&T y parcialmente a Altán.
El IFT estableció valores de tenencia de espectro basados en concesiones regionales y cobertura poblacional y tres topes de espectro para cada una de las tres fases potenciales de la ronda de presentación de ofertas por espectro (194.46, 209.42 y 224.38 MHz respectivamente).
Telcel tendría prohibido participar en la primera fase, pues cualquier propuesta por espectro lo pondría sobre el límite, mientras que AT&T en esa ronda sólo podría 60 MHz (tres bloques) de los 120 MHz (6 bloques) disponibles. Altán estaría limitado en esa fase a 100 MHz (5 lotes) y Telefónica no tendría limitaciones.
Si los participantes no agotan el espectro en esa primera fase, se pasa a una con un margen de acumulación más amplio, pero Telcel estaría limitado a presentar ofertas por un solo bloque (20 MHz) y AT&T por cuatro lotes (80 MHz). Altán y Telefónica observarían el mismo límite de la primera fase.
Si se llega a la tercera fase (tope de espectro más alto), Telcel sólo podría ofertar por 2 lotes como máximo (40 MHz), AT&T por 5 (100 MHz), mientras que Altán y AT&T podrían ir hasta por 120 MHz sin rebasar el límite.
Cada operador llega con diferencias derivadas de la estructura de su tenencia de espectro. Telcel y AT&T serían, en teoría, los menos interesados debido a que cuenta con más espectro. Concretamente, Telcel tendría menos incentivos para participar por contar ya con espectro de 2.5 GHz que cubre al 75 por ciento de la población, y probablemente buscaría adquirir espectro de concesionarios fijos.
AT&T, por su parte, quizás podría aumentar su portafolio de espectro en México, pero es el segundo con más capacidad y podría utilizar concesiones en bandas como AWS y 1.9 GHz para avanzar su oferta de LTE (despliegue de LTE-Advanced).
Altán y Telefónica aparecen como los más incentivados a participar. El primero puede diversificar sus licencias de espectro y volverse más atractivo como mayorista, mientras que el segundo podría recibir más capacidad para mejorar la capacidad de sus redes y potencialmente desplegar LTE-Advanced para emparejarse próximamente con sus competidores.
Aunque las bases de la licitación aún están sujetos a cambios, un punto de conflicto al final de este concurso estará en el nivel del precio del espectro. Si bien el pago de derechos es aplicable para los concesionarios independientemente de su participación en la subasta, la competencia en la licitación puede generar valores del “guante” más elevados para los competidores de Telcel.
En este sentido, las restricciones a Telcel a la subasta serán un punto importante en el debate de las bases de la licitación, sobre todo si el incentivo económico para los competidores es que, al final del concurso, la diferencia entre el pago de Telcel por usar el espectro de MVS y los valores definitivos de la subasta 2.5 GHz no sea tan amplia.
C$T-EVP