A sabiendas de que será su última licitación para servicios móviles, con “dos pesos” en la bolsa y cargado sólo de buenas intenciones, el agonizante IFT decidió ir hacia adelante con la subasta de más de 2 mil bloques de espectro radioeléctrico, pero ¿qué le hace pensar al órgano regulador que habrá interesados en entrar a un proceso cargado de incertidumbre?
En la era digital, ningún operador podría negarse a la posibilidad de obtener más espectro, pero seamos honestos: el concurso se realizará en condiciones adversas, no sólo para el propio IFT que podría llegar a un punto en el que ni siquiera tendría para pagar su propia nómina, sino también para los posibles interesados que a estas horas ya deben estar viendo que algo checa pero no cuadra.
Hace unos días, Javier Juárez Mojica, presidente del IFT, reconoció en entrevista con ConsumoTIC, que con una plantilla laboral de poco más de mil 400 personas y un presupuesto aprobado de sólo 500 millones de pesos, el regulador iniciará 2025 con un evidente déficit para cubrir las remuneraciones de sus recursos humanos, pues sólo este rubro exige que la institución cuente con mil millones de pesos.
Aunque el funcionario también precisó que el caso de la licitación IFT-12 no implica una erogación adicional de recursos, la inyección letal que recibió el instituto muy probablemente le impedirá culminar el proceso, pues el calendario señala que arrancará el 27 de enero con la presentación de las manifestaciones de interés y estaría culminando hacia el mes de septiembre con la emisión del acta de fallo.
Y aquí es donde se enreda la madeja. ¿Quién otorgará los títulos de concesión? ¿La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)? ¿La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)?
Las preguntas no son ociosas. Recordemos que apenas el 13 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que una vez extinto el IFT, sus funciones se dividirán en tres entidades (la SICT, ATDT y un nuevo ente en materia de competencia), sin precisar cuál de ellas se encargará de las concesiones de telecomunicaciones.
En el comunicado que el IFT emitió para dar a conocer la aprobación de la convocatoria y las bases de la licitación, el regulador enfatiza que el proceso busca fomentar la entrada de nuevos participantes o fortalecer la capacidad de competir de los ya establecidos y promover el uso eficiente del espectro.
Sin embargo, el panorama se ve sombrío para ese deseo, pues con o sin el IFT, México seguirá siendo el país más caro de América Latina para adquirir espectro, situación que entre 2021 y 2022, por ejemplo, orilló a Telefónica a devolver al Estado mexicano alrededor de 100 MHz que tenía concesionados a nivel nacional.
Es decir, los insostenibles costos del espectro han provocado que este operador haya decidido no participar en ninguna de las últimas licitaciones de espectro para la provisión de servicio móvil que ha organizado el IFT.
Más aún, en las últimas tres licitaciones de espectro radioeléctrico (IFT-3 en 2015, IFT-7 en 2018 e IFT-10 en 2021) sólo participaron dos de los cuatro operadores móviles que estaban activos en el sector, lo que demuestra el poco interés de la industria, pero también el inexistente interés de un nuevo entrante.
Incluso, en 2022 el IFT declaró desierta la licitación IFT-10 que buscaba colocar en el mercado diversas bandas de frecuencias para la prestación de servicios móviles, pues sólo se logró asignar tres de 41 bloques ofrecidos.
De hecho, en la consulta pública sobre las bases de licitación IFT-12, las empresas aglomeradas en la Anatel, GSMA y Canieti coincidieron en señalar que la ausencia de condiciones favorables en el sector y la falta de interés de los potenciales participantes, haría que este proceso corra la misma suerte que los anteriores.
Altán Redes fue más allá al advertir que de realizarse este concurso se estaría “ante un proceso fallido o incluso un proceso cuyo efecto sea reforzar la concentración de un operador en el mercado mexicano”.
Y es que contrario a lo que la industria y el propio IFT han argumentado por años, en 2025 el pago de derechos anuales por uso del espectro establecido en la Ley Federal de Derechos, no bajará un ápice, lo que hace altamente probable que el único operador capaz de participar y comprar espectro adicional sea el Agente Económico Preponderante (AEP), que a través de Telcel, además de tener 70 por ciento del mercado, es el mayor tenedor de espectro radioeléctrico en México.
Es así como nos despedimos de este 2024… con una licitación cargada de incertidumbre para todos los operadores, menos para uno, al que por cierto, también en un diciembre (del año 2022) se le evitó una millonaria multa. Coincidencia dirán algunos.
C$T-GM
