Diseñada con la realidad política de hace casi dos décadas, la Ley Federal de Derechos (LFD), que establece las cuotas por el uso de distintas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, debe ser reformada para ajustar estos precios a la baja, y aunque el IFT acumula años proponiendo cambios y alternativas, sus argumentos han caído en saco roto.
Es evidente que la autoridad hacendaria y el órgano regulador tienen intereses opuestos: la primera, mantiene y se resiste a erradicar su visión recaudatoria pese a todos los argumentos que tiene sobre la mesa; el segundo, apuesta por el cabal cumplimiento de su mandato constitucional.
De hecho, en junio pasado, el IFT volvió a andar el camino con una recomendación de ajuste a la baja en los derechos que se pagan por el uso de este insumo indispensable para la provisión de cualquier servicio inalámbrico y cuyo costo es un factor determinante para incrementar la cobertura y calidad de los servicios de telefonía y acceso a internet móviles.
A más tardar el 8 de septiembre, la SHCP entregará al Congreso de la Unión su propuesta de Paquete Económico para el ejercicio 2023, y como lo ha hecho en los últimos años, es muy probable que en octubre próximo el órgano regulador publique con detalle la propuesta enviada al Senado de la República, ¿el argumento? Los precios del espectro radioeléctrico deben bajar.
Si en el actual gobierno, alguien se pregunta para qué tener un órgano autónomo, que además es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, habría que recomendarle que revise las alertas, propuestas y alternativas que el IFT ha puesto en la palestra pública.
Pero, repasemos un poco la historia. En 2018, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contrató a la consultora Aetha Consulting para realizar un estudio sobre el valor del espectro radioeléctrico que aportara datos duros sobre una preocupación expresada por la industria: en México este insumo esencial es mucho más caro que en cualquier otra parte del mundo.
Recordemos que el sistema de pago de derechos utilizado en el país en materia de espectro data del año 2003, una época en la que los operadores de telefonía móvil se desempeñaban en una economía basada en los servicios de voz.
El problema es que en la era de los datos, el consumo se ha incrementado exponencialmente, lo que eleva la necesidad de tener más espectro en un entorno donde los ingresos de los operadores no suben en la misma medida.
En 2019 y ya con el “Estudio sobre la valuación y determinación de derechos para bandas IMT en México”, encargado a la firma Aetha, bajo el brazo, el IFT se pronunció sobre la necesidad de impulsar una agenda de trabajo en el Congreso de la Unión que permitiera revisar y en su momento reducir los derechos que pagan las empresas del sector por el espectro radioeléctrico.
El regulador explicó la relevancia económica y social de sostener un entorno de certidumbre jurídica a la inversión y condiciones regulatorias sólidas, confiables, predecibles y transparentes.
Un año después, de cara a la presentación del Paquete Económico 2021, el instituto puso sobre la mesa la necesidad de modificar la LFD con el objetivo de ajustar los derechos a la baja para que reflejaran los costos de este recurso, con base en las mejores prácticas internacionales.
Asimismo, el órgano regulador remitió una propuesta de acreditamiento de las inversiones en infraestructura de los concesionarios para llevar servicios móviles a poblaciones que no contaban con ellos, contra el pago de los derechos por el uso de las bandas de frecuencia correspondientes, y explicó la forma en que medidas similares fueron adoptadas en Colombia a principios de 2020.
Sin embargo, en septiembre, cuando la SHCP envió al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021, el regulador y la industria vieron con asombro que la autoridad hacendaria no sólo hizo caso omiso a las recomendaciones del ente regulatorio, sino que incluyó incrementos del 48 por ciento en dos de las bandas móviles (800 y 850 MHz), mantuvo sin cambios (más allá de la inflación) tres de las bandas (AWS, PCS y 2.5 GHz) y propuso valores 186 por ciento superiores a los propuestos por el IFT para tres bandas no tasadas en la LFD (600 MHz, Banda L y 3.3 a 3.6 GHz), estas últimas propicias para el despliegue de los servicios de 5G.
En octubre del año pasado, se vio de nueva cuenta al IFT exponiendo que los precios altos del espectro radioeléctrico, junto con el hecho de que la mayor parte corresponda al pago de los derechos anuales, impactan directamente en el desarrollo del sector toda vez que se convierten en barreras a la entrada a nuevos competidores en el mercado.
En el documento denominado “Propuesta de reforma a la Ley Federal de Derechos en materia de espectro radioeléctrico”, el instituto expuso que el valor de este recurso en México desincentiva la participación en nuevos procesos de licitación pública y promueven la devolución de espectro al Estado.
Además, ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y las inversiones para los nuevos servicios de Quinta Generación (5G), limitan las mejoras en cobertura y calidad de los servicios y, potencialmente, podrían implicar incrementos en los precios de los servicios para los usuarios finales.
Una vez más, se puso la lupa en la imperiosa necesidad de definir una adecuada política fiscal en materia del cobro por el uso del espectro, dirigida a incrementar la conectividad y el bienestar de la población e incentivar la inversión privada y la participación en futuros procesos licitatorios.
Incluso, el regulador remitió al Senado de la República tres propuestas concretas: Ajustar a la baja los derechos de las bandas para la prestación de servicios de 5G, modificar la estructura de cobro de derechos de las bandas de 800/850 MHz por Área Básica de Servicio (ABS) e incorporar un esquema de acreditamiento de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico.
“Las tres propuestas son consistentes con las que, en su momento, el IFT envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte de las propuestas de modificación a la LFD 2022, desde junio del presente año, e incluso, desde años atrás”, expuso.
El futuro de México está en juego, y sólo dejando atrás la absurda visión recaudatoria que ya está cobrando factura, será posible garantizar para todas y todos el derecho consagrado en la Constitución: el acceso a Internet, no es un lujo. ¿La tercera es la vencida?
C$T-GM
