Durante más de una década, los pequeños operadores de telecomunicaciones permanecieron en la sombra del marco jurídico mexicano. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 y la legislación secundaria de 2014 no contemplaron a las figuras emergentes de los pequeños operadores de telecomunicaciones, quienes ya ofrecían servicios donde los grandes operadores no llegaban.
Hoy, con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en adelante “Ley de Telecomunicaciones”) publicada el pasado mes de julio, esa realidad cambió. La figura del “pequeño operador” ha sido reconocida legalmente conforme lo dispone el artículo 3 fracción XLIX que lo define como “concesionario o autorizado que presta servicios de telecomunicaciones de uso social o comercial, con cobertura local o regional, y que cumple con los criterios que defina la Comisión”.
Se trata de un punto de inflexión que abre nuevas oportunidades y redefine la política de conectividad en México, misma que le corresponde a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como cabeza del sector. De esta manera, los criterios serán definidos por las personas integrantes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), quienes recientemente han sido propuestas por el Ejecutivo Federal.
Como señalé en un artículo anterior (“Sheinbaum y el futuro digital: ¿Qué rol juegan los pequeños operadores?”, ConsumoTIC, octubre 2024), su relevancia es innegable: “empresas de proximidad que ofrecen servicios de conectividad en áreas desatendidas o donde los grandes operadores no encuentran rentabilidad suficiente”. Ese papel, antes ignorado, ahora se proyecta al centro de la política pública.
El reconocimiento legal en la nueva ley no es una cuestión menor. Implica que, por primera vez, el pequeño operador tiene un espacio institucional real para dialogar con las autoridades y para ser considerados en el diseño de políticas públicas.
Además, estas políticas públicas se ajustan al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 por lo que pueden ser incorporados como eje transversal de la estrategia digital. Esto corrige un déficit histórico ya que los programas nacionales anteriores hablaban de cobertura universal y despliegue de infraestructura, pero sin reconocer las particularidades de los actores locales y gastando cantidades millonarias a grandes empresas trasnacionales con soluciones tecnológicas que quedaron obsoletas.
Al final, este nuevo marco legal también representa una oportunidad. Hay que recordar que la misma ATDT fue quien puso la discusión en los conversatorios del Senado de la República el pasado 13 de mayo de 2025, en la mesa de cobertura y acceso a espectro, por la cual se veía el interés para el fortalecimiento de los pequeños operadores. Por ello, esta consideración deberá ser un eje importante en las políticas de telecomunicaciones, lo que puede equilibrar la centralización regulatoria con un compromiso claro hacia la inclusión digital.
En este nuevo ecosistema, el papel del Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (PROMTEL) adquiere una importancia especial ya que sus atribuciones están ligadas a la promoción de infraestructura y la conectividad social, por lo que la colocan como motor operativo, contando además con personal con amplia experiencia que puede articular a los pequeños operadores con los planes nacionales.
En ese sentido, la llegada de Elizabeth Sosa como nueva directora General de PROMTEL, con pasado inmediato en la ATDT e IFT, ha marcado el inicio de una etapa de diálogo abierto ya que se han convocado a las representaciones nacionales e internacionales para construir e implementar un Plan Nacional de Pequeños Operadores desde una perspectiva colaborativa.
El potencial es enorme, bajo los nuevos esquemas previstos en la Ley de Telecomunicaciones, específicamente en el artículo 83 que establece que “las leyes establecerán los supuestos y procedimientos mediante los cuales los pequeños operadores podrán estar exentos o acceder a descuentos para el pago de las contribuciones por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, los cuales deberán ser diseñados en concordancia con las disposiciones que emita la Comisión, en colaboración con la Agencia”.
Por lo anterior, la coordinación con PROMTEL permitirá que estas iniciativas no sean aisladas, sino que se integren en las nuevas políticas públicas con enfoque social. Asimismo, se abre la puerta a mecanismos de apoyo financiero, esquemas de participación en fondos de conectividad, entre otros.
Hoy, el tiempo da la razón, pues frente a la brecha digital persistente, los pequeños operadores son la respuesta más efectiva y sostenible. El reto ahora es consolidar este impulso, traduciendo el reconocimiento legal en apoyos concretos, esquemas financieros sostenibles y estrategias tecnológicas viables. La conectividad de millones de mexicanos depende de que este nuevo marco institucional no se quede en el papel, sino que se transforme en una política pública viva, incluyente y eficaz.
C$T-GM
