Disuadir, señala la Real Academia Española, significa convencer a alguien (con argumentos o por la fuerza de los hechos) para que cambie su manera de actuar, pensar o sentir. La verificación de cumplimiento de obligaciones y las sanciones impuestas por el regulador en telecomunicaciones, tienen justamente este objetivo.
Ejemplo de ello es la multa de mil 311 millones de pesos impuesta en enero de 2020 a Teléfonos del Noroeste (Telnor) por no poner a disposición del regulador y de concesionarios solicitantes parte de la información relativa a postes y pozos que forman parte de la infraestructura que está obligado a compartir al ser integrante del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT).
Este proceso se desahogó meses antes de que el IFT se viera obligado por la pandemia a suspender el curso legal y el cómputo de plazos en trámites, investigaciones y procedimientos como los relativos a la supervisión de agentes económicos preponderantes y procedimientos seguidos en forma de juicio.
Uno de los temas que entraron en ese impasse es el procedimiento que se lleva en contra de Teléfonos de México (Telmex), similar al de Telnor, ¿la causa? No dar al regulador y a los concesionarios la información que debía reportar en el Sistema Electrónico de Gestión (SEG).
Hace unas semanas el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó concluir la suspensión de plazos derivada de la contingencia sanitaria, por lo que continuará, iniciará o reanudará, según sea el caso, el curso legal de diversos asuntos y el cómputo de plazos.
La reanudación de los procesos de verificación es fundamental para recuperar el tiempo perdido en un contexto en el que Telmex goza ya de libertad tarifaria en los servicios de acceso indirecto al bucle que se utiliza para proveer servicios de banda ancha fija.
Uno de los grandes objetivos del IFT, que el próximo 10 de septiembre cumple sus primeros ocho años de vida, es aumentar la penetración, calidad y velocidad del internet fijo en el país.
Para ello, el regulador mexicano ha puesto en marcha diversas medidas como la que busca que la infraestructura de Telmex y Telnor, que cubre la mayor parte del país, se comparta con otros competidores para impulsar la competencia entre todos los participantes en el mercado y, con ello, generar beneficios para los usuarios.
La llamada desagregación de la red local, es decir, la infraestructura que va de la central telefónica al hogar o negocio del usuario final, es parte de esa regulación asimétrica impuesta por el IFT en marzo de 2014 cuando declaró a América Móvil (AMX), y sus filiales Telmex-Telnor, Telcel, Grupo Carso y Grupo Inbursa como Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones.
La compartición de infraestructura es tan vital para lograr mayor penetración de internet que organismos internacionales como la OCDE recomiendan esta medida, pues en países como Reino Unido, alrededor de 40 por ciento de las líneas de banda ancha son atendidas por operadores que usan la red del operador histórico, es decir, aquel que contaba con la mayor cobertura en el país.
Derivado de la revisión bienal en materia de preponderancia, el IFT determinó en 2017 la pertinencia de separar funcionalmente a Telmex-Telnor, como una medida adicional para asegurar que los operadores tengan acceso efectivo a insumos esenciales para dar el servicio de internet fijo en los mismos términos y condiciones, como lo ordena la Constitución.
Esta separación implica que Telmex y Telnor siguen dando servicio al usuario final, pero se crearon dos empresas mayoristas que atienden a los operadores para los servicios de acceso a la red local, así como de la infraestructura pasiva (torres, postes, entre otros elementos) y enlaces dedicados locales, es decir, la conexión entre el cliente y el proveedor.
Esta medida, conocida como Separación Funcional, permite que todos los operadores de telecomunicaciones puedan usar la red de Telmex, pero no de manera gratuita, sino mediante un pago que ahora, en 52 municipios, será determinado libremente por la empresa propiedad de Carlos Slim.
La libertad tarifaria otorgada por el IFT a las empresas mayoristas Red Nacional Última Milla y Red Última Milla del Noroeste, representa más que un mal trago para una industria que sostiene una añeja demanda: cumplimiento efectivo de la regulación asimétrica y sanción a las prácticas anticompetitivas del agente preponderante.
¿Cómo hacerlo? A través de la verificación del cumplimiento de obligaciones y la imposición de sanciones cuando correspondan; estas acciones tienen el poder de disuadir comportamientos anticompetitivos.
México tiene uno de los órganos reguladores más robustos e innovadores del mundo. Su músculo técnico es indiscutible y su trabajo a favor de usuarios y consumidores, también lo es. Con ocho años y contando, la maquinaria regulatoria sigue en marcha.
C$T-GM
