El compromiso es un acto no una palabra. Esta frase de Jean Paul Sartre bien aplica al sector de las telecomunicaciones, que al tener su propio capítulo en el T-MEC, es materia de análisis a un año de su entrada en vigor, tiempo durante el cual Estados Unidos y Canadá han visto el constante amago de incumplimiento por parte de México en materia de legislación y regulación.
En breve, será Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía quien visitará en su país a la representante comercial de Estados Unidos, la embajadora Katherine Tai; y será fuera de casa, donde la funcionaria mexicana podría enfrentar cuestionamientos puntuales sobre la más reciente “joya” nacional: la libertad tarifaria que se pretende otorgar al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEPT).
Y es que, tras un proceso de consulta pública sobre los criterios y umbrales de los parámetros para determinar la libertad tarifaria del AEPT, el Pleno del IFT se alista para discutir el proyecto de resolución que permitirá a América Móvil determinar las tarifas en los servicios de acceso indirecto al bucle local, también conocido como la “última milla”.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), considera que existen 63 municipios que cumplen con las condiciones para otorgar esta libertad tarifaria al agente preponderante; sin embargo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana opina que la desregulación debe aplicar en 128 municipios.
Hay quien asegura que en la próxima sesión ordinaria del Pleno, que se realizará el próximo 4 de agosto, se realizará un “ni tu, ni yo”, y que el proyecto incluirá 80 municipios donde los jugadores en el mercado de banda ancha fija enfrentarán nuevas reglas del juego.
Aunque pareciera que la reconfiguración de las reglas asimétricas creadas para impulsar un sector telecomunicaciones más justo, es una discusión doméstica, tiene todo que ver con los compromisos que los socios comerciales de México esperan que sean cumplidos sin excusa ni pretexto.
El capítulo 18 de este tratado, conformado por 27 artículos, incorpora obligaciones que van desde tener un organismo regulador independiente, salvaguardias competitivas, medidas relacionadas con la desagregación de elementos de la red, y reglas sobre la solución de controversias.
La relevancia de este capítulo radica en que incorpora diversos temas que no se encontraban en el capítulo XIII del TLCAN, como el tratamiento de los “proveedores importantes de servicios de telecomunicaciones”.
El tratado define “proveedor importante” como aquel que tiene la capacidad de afectar las condiciones de participación (teniendo en consideración los precios y la oferta) en el mercado relevante de servicios públicos de telecomunicaciones, como resultado del control de las instalaciones esenciales, o el uso de su posición en el mercado.
Para México, señala una interesante nota del artículo 18.1, un proveedor importante incluye a un agente económico preponderante considerado como tal en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, cuando cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50 por ciento.
En el artículo 18.8, dedicado a la Desagregación de elementos de red, se subraya que México reafirma los principios de la reforma constitucional de 2013 entre lo que se encuentra impulsar la competencia efectiva y la imposición de medidas necesarias para lograrlo.
“Para México, cualquier cambio a las medidas sobre las tarifas, términos y condiciones de acceso a y uso de redes, infraestructura y servicios de un proveedor importante será compatible con el objetivo de promover la competencia efectiva y prevenir prácticas monopólicas y no afectará las condiciones de competencia en el mercado de que se trate”, señala el documento.
La libertad tarifaria al AEPT en los servicios de acceso indirecto al bucle utilizado en la provisión de servicios fijos de internet y telefonía fija, ya encendió las alertas en instancias internacionales como la Oficina de la Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), y no es de a gratis:
El rosario de propuestas de modificaciones a diversas leyes que contravienen el T-MEC es amplio. Sólo basta recordar al senador Ricardo Monreal y su ley de cinematografía que busca imponer cuotas de contenido a OTTs, o la iniciativa que en junio de 2020 buscaba crear el denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), para fusionar al IFT, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Agosto es un mes clave. La desregulación en telecomunicaciones tendrá consecuencias en materia de competencia y certidumbre a la inversión, y por ende, afectará la relación bilateral. Tatiana Clouthier tendrá que lidiar con ello.
C$T-GM
