La aprobación de los Plenos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), es una franca violación al T-MEC, pero no la única; es más, se trata del banderazo de salida de un penoso “rally” de incumplimientos a uno de los tratados más relevantes para México y que por más que se busque acomodar la narrativa, cobrará factura.
Aunque las buenas intenciones y la convicción de Ledénkia Mackinsie Méndez, María de las Mercedes Olivares, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez, como integrantes del primer Pleno de la CRT, fueron evidentes en su comparecencia en el Senado, la pregunta realmente clave es: ¿los dejarán actuar con verdadera independencia técnica, operativa y de gestión?
Recordemos que, de origen, la CRT viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues lejos de lo que señala el Capítulo 18, el nuevo regulador nace como un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), al mando de uno de los personajes más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum: José Peña Merino, para quien trabajaron cuatro de las cinco personas nombradas comisionadas. ¿Quién y en qué situación se atreverá a decirle que no a su jefe?
La siguiente cuenta del rosario de incumplimientos con Estados Unidos se materializará esta misma semana. Las leyes de Ingresos, de Derechos, del IEPS, y el Código Fiscal de la Federación, que forman parte del Paquete Económico 2026, podrían quedar dictaminadas y votadas en la Cámara de Diputados, para después pasar al Senado de la República, donde deberán aprobarse antes del 31 de octubre.
Esto significa que en 2026, el gobierno mexicano aplicará a los operadores de telecomunicaciones una contradictoria Ley de Derechos que mantiene precios tan altos que será imposible que puedan acceder a bandas de espectro radioeléctrico, recurso esencial para uno de los objetivos insignia de la presidenta Sheinbaum: conectar a más personas.
De hecho, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) lleva meses advirtiendo que los costos del espectro no sólo son discriminatorios, sino que representan para los exportadores estadounidenses graves barreras no arancelarias, y lo que es peor ha señalado al gobierno mexicano por no atender la problemática, aun cuando organismos internacionales como la OCDE y la propia industria han insistido en el daño económico y social que provoca la política recaudatoria en esta materia.
Otra “rayita al tigre” es el Código Fiscal y su sombrío artículo 30-B que busca imponer a todas las plataformas digitales que operan en México, desde servicios de streaming hasta marketplaces y aplicaciones de transporte, la obligación de permitir al SAT acceso en tiempo real a sus sistemas.
Haciendo gala de una inusitada astucia, esta normatividad contempla como sanción por incumplimiento el bloqueo del servicio digital en territorio nacional, sin reparar en las catastróficas afectaciones para millones de personas usuarias de estos servicios vitales en la era digital.
Para organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) la propuesta de otorgar acceso irrestricto, permanente y en tiempo real a los sistemas de las plataformas digitales, a través de ese artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, plantea riesgos constitucionales, legales y prácticos que amenazan los derechos humanos en México, principalmente la privacidad de los ciudadanos, la protección de datos personales y el debido proceso.
Una de las varias preocupaciones de las empresas que forman parte del ecosistema digital radica en que la facultad de bloquear o suspender el acceso temporal a plataformas que no otorguen este acceso directo, continuo e irrestricto, constituye una medida desproporcionada que afectaría la certidumbre jurídica, la inversión y los derechos de millones de usuarios, incluído el ejercicio de los derechos humanos.
“No me ayudes compadre”
En una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía dijo que se procurará “llegar al mes de noviembre quitando de la mesa el mayor número de temas que puedan constituir un obstáculo, o irritante controversia, cuando nos sentemos a hacer propiamente la revisión del Tratado”.
Pero, visto lo visto, el secretario de Economía necesitará más que un ferviente deseo, pues el Congreso mexicano parece empecinado en violar cuantas veces sea posible el T-MEC y todo por congraciarse con la presidenta, quien claramente necesita del apoyo del Legislativo para “parar goles” y no para hacerle más bolas al engrudo.
C$T-GM
