En un país que absorbe el 55 por ciento de los ciberataques de toda América Latina, la inclusión de la ciberseguridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 no es sólo oportuna, sino absolutamente necesaria.
México no sólo comparte frontera física con Estados Unidos, también se ha convertido en su principal socio comercial, lo que coloca a nuestras empresas, especialmente las de manufactura y logística, en la mira de actores maliciosos del ciberespacio.
El recién publicado PND reconoce esta realidad. Lejos de ser una mera mención obligada, el documento posiciona la ciberseguridad como un verdadero habilitador del desarrollo digital del país.
No podría ser de otra manera: en un entorno donde los ciberataques se sofistican diariamente con el uso de inteligencia artificial, hablar de economía digital sin ciberseguridad sería construir un puente sin cimientos.
Entre las estrategias más relevantes, destaca el fortalecimiento del marco normativo para proteger los sistemas y datos gubernamentales, y la capacitación continua de funcionarios en áreas clave como tecnología pública y ciberseguridad. Sin embargo, el verdadero valor del PND radica en su enfoque multisectorial.
El plan rompe con la visión tradicional que confina la seguridad digital a las cuatro paredes de los departamentos de TI. En su lugar, propone un ecosistema donde la academia, el sector productivo, el gobierno y la sociedad civil trabajan en conjunto para crear mecanismos de vinculación, modernización y transferencia tecnológica.
Esta aproximación colaborativa es, quizás, la mayor fortaleza del documento. México enfrenta una realidad donde la brecha entre el talento disponible y las necesidades del mercado en ciberseguridad crece cada día.
Según estimaciones recientes, el país necesitará miles de especialistas adicionales en los próximos años, una demanda imposible de satisfacer sin la participación activa de universidades y centros de formación.
Por otro lado, el plan integra la identidad digital como componente fundamental de la estrategia de ciberseguridad. El indicador de seguimiento que mide el porcentaje de población con Identidad Digital Nacional (Llave) refleja la comprensión de que la seguridad digital comienza por garantizar transacciones confiables entre ciudadanos y gobierno. Sin embargo, surgen dudas legítimas sobre si la IDN (Llave) es realmente la mejor solución para este desafío.
En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones no es absoluta, existe un temor comprensible sobre el posible uso gubernamental de estos datos, especialmente cuando los ciudadanos no coinciden con la postura ideológica o política dominante.
Quizás sea prudente explorar alternativas complementarias, como las Tecnologías de Mejora de la Privacidad (PETs, por sus siglas en inglés), que permiten verificar identidades sin necesariamente centralizar todos los datos personales.
Estas tecnologías podrían ofrecer un equilibrio más adecuado entre la necesidad de autenticación robusta y el derecho fundamental a la privacidad, evitando crear bases de datos centralizadas que podrían convertirse en objetivos tentadores tanto para ciberdelincuentes como para usos no autorizados.
Es particularmente acertada la inclusión de la ciberseguridad dentro del Eje transversal de Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional. Esta ubicación estratégica reconoce que proteger el ciberespacio mexicano no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar objetivos más ambiciosos: impulsar la economía digital, fomentar la innovación y aumentar la productividad nacional.
Sin embargo, el plan no está exento de desafíos. Si bien establece indicadores para medir la adopción de herramientas digitales, carece de métricas específicas para evaluar la robustez de la ciberseguridad nacional. Tampoco profundiza en estrategias para proteger sectores críticos como energía o servicios financieros, ni establece mecanismos claros para la colaboración internacional en materia de ciberdefensa.
A pesar de estas limitaciones, el PND 2025-2030 representa un avance significativo en la forma en que México concibe su seguridad digital. Al colocar la ciberseguridad como condición previa para el desarrollo digital, el documento reconoce una verdad fundamental: en la era digital, la confianza es el nuevo petróleo.
Un aspecto que merece especial atención es el Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, incluido dentro del Eje Transversal 2: Innovación pública para el desarrollo tecnológico nacional. Este programa no es un simple añadido burocrático, sino una pieza estratégica que articulará las acciones en ciberseguridad, inteligencia artificial y economía digital.
Su inclusión refleja una comprensión sofisticada: la seguridad del entorno digital mexicano no depende solo de soluciones tecnológicas, sino también de un enfoque humanístico que integre consideraciones éticas, sociales y culturales.
El verdadero éxito del plan dependerá, sin embargo, de su implementación efectiva. En este sentido, el PND ha puesto particular énfasis en la colaboración multisectorial como piedra angular de su estrategia.
Explícitamente promueve la colaboración entre sectores académico, productivo, público y social mediante mecanismos de vinculación, modernización y transferencia tecnológica alineados con prioridades nacionales y enfocados al bienestar social.
Esta visión colaborativa reconoce que el camino desde las intenciones plasmadas en papel hasta la creación de un ciberespacio mexicano seguro y resiliente requerirá no solo recursos y voluntad política, sino también un ecosistema integrado donde todos los actores asuman responsabilidades concretas bajo el marco de este ambicioso Eje Transversal 2.
En un mundo donde la próxima guerra podría comenzar con un clic, México ha dado un paso en la dirección correcta al reconocer que la ciberseguridad no es un lujo tecnológico, sino un imperativo nacional. Ahora, el verdadero trabajo apenas comienza.
C$T-GM
