El uso de inhibidores implica para la industria cuantiosas inversiones.
Para nadie es desconocido, en las cárceles del país los celulares son de uso común. Según datos de la Anatel, sólo en 2016 siete penales fueron capaces de generar más de 5.5 millones de llamadas con fines delictivos.
Una de las medidas para evitar los riesgos asociados al uso de este tipo de dispositivos, es la instalación de bloqueadores de señal; sin embargo, esto genera opiniones encontradas entre autoridades, operadores y usuarios.
De acuerdo con 5G Américas, no existe una solución tecnológica que elimine en su totalidad las llamadas desde estos lugares, sin afectar las redes celulares de quienes tienen derecho y pagan por utilizarlas.
El uso de bloqueadores de señales en los penales, dice la industria móvil, implica cuantiosas inversiones para redireccionar las comunicaciones mediante nuevas configuraciones de red y la reubicación de radiobases y antenas.
El punto es, por qué se tienen que inhibir las señales al interior de los penales, ¿no se supone que los celulares ni siquiera tendrían que estar ahí?. La respuesta, la sabemos todos y se llama corrupción.
C$T-GM
