A más de 23 años de su fundación, el hundimiento de la Asociación de Internet MX (AIMX) es un hecho inminente. La renuncia de Philippe Boulanger como presidente del Consejo Directivo, la permanencia de sólo 2 de 15 integrantes en este órgano de decisión, la salida del Comisario, la ausencia de Tesorero y una demanda perdida por hasta 22 millones de pesos, son las piezas que conforman una historia que lleva una década oculta.
De acuerdo con diversos documentos en poder de ConsumoTIC y fuentes cercanas a los hechos que solicitaron el anonimato, en julio de este año la dirección general de la AIMX al mando de Julio César Vega, tuvo que levantar la alfombra bajo la cual se ocultó al Consejo Directivo y a la asamblea, la existencia de un juicio laboral que hoy tiene prácticamente inoperante a esta icónica asociación.
El pasado 25 de julio, al término de una sesión del Consejo, se les hizo saber a los integrantes que serían convocados de manera individual para plantear un “problema” que debía ser resuelto en lo inmediato.
Ante el inusual procedimiento de hablar “uno a uno”, en lugar de convocar a una reunión de Consejo, surgió la petición generalizada de realizar una auditoría interna a los estados financieros, contables y administrativos, además de solicitar la presentación del expediente relacionado con un juicio laboral, todo ello necesario para tener conocimiento de la situación real.
La punta del iceberg.
En 2008, cuando el presidente de la entonces Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) era Fernando Solcá y Enrique Bustamante operaba como director general, Luis Ernesto Valdez Díaz, quien fungía como representante legal, reconoció en una carta entregada a la dirección de la asociación, el uso indebido de casi 2 millones de pesos, de un total de 6 millones 174 mil pesos, entregados por la Secretaría de Economía como parte del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft).
Un año después, Fernando Solcá es reelegido como presidente del Consejo Directivo y es ratificado como director general, Enrique Bustamante Rodríguez; sin embargo, pese al delito reconocido y de cuya documentación relacionada dio cuenta el periódico Excélsior en 2010, Luis Ernesto Valdez Díaz no sólo se mantuvo presente en la asociación, sino que se anunció públicamente su cargo como subdirector administrativo.
2009 resulta ser clave, pues a partir del segundo semestre, Julio César Vega comienza a dar entrevistas a diversos medios de comunicación en calidad de director general, un cargo que estaba en manos de Bustamente Rodríguez y cuya renovación tendría que haberse dado hasta noviembre de ese mismo año, para entrar en funciones a partir del 1 de enero de 2010.
Es justo en 2010, cuando la asociación presentó una demanda por administración fraudulenta en contra de Valdez Díaz. El litigio fue avanzando a lo largo de los años sin que fuera del conocimiento de los representantes de las empresas asociadas y fue hasta este 2022 que “la granada explotó”: la asociación tiene un laudo en contra que puede rondar entre los 14 y los 22 millones de pesos, lo que en un momento dado implicaría el riesgo de que las cuentas bancarias de la asociación fueran congeladas, un tema que la dirección general tuvo que abordar con el Consejo para “buscar soluciones”.
En una reunión extraordinaria el 29 de julio de este año, en la que además de los consejeros estuvieron presentes al menos dos ex presidentes, Julio César Vega reconoció que los Consejos que estuvieron en funciones del 2009 al 2012, tenían conocimiento de la situación; sin embargo, a partir del 2013, se tomó la decisión de ocultar el hecho al Consejo y a la Asamblea para evitar que la información “se filtrara”.
En 2013 se dio un hecho poco común en la asociación. Luego de una votación mayoritaria de los socios presentes en asamblea extraordinaria y con sólo un voto en contra, se procedió a la revocación del mandato de Fernando Gurrola, electo en noviembre de 2012, y se eligió a Carlos Ponce como sustituto, quien debió convocar a una elección anticipada de cargos.
A lo largo de siete años, durante los cuales la asociación tuvo como presidentes al propio Carlos Ponce (2014 y 2015), Cintya Martínez (2016 y 2017) y Enrique Culebro (2018, 2019 y 2020), el litigio que enfrentaba la asociación fue guardado en un cajón del que contadas personas tenían llave.
En diciembre de 2020, la dirección general le “confió” a algunos integrantes del Consejo Directivo que entraría en funciones el 1 de enero de 2021, la existencia de un caso legal “que ya estaba siendo atendido”.
En ese momento las alertas se encendieron. ¿Por qué no comunicar a los consejeros en pleno e incluso a todos los asociados un tema tan relevante? ¿Por qué no se da libre acceso al expediente completo del caso? ¿En qué momento el litigio escaló al grado de poner en riesgo la operación de la asociación? ¿Hay provisión de fondos para el pasivo laboral?
En la reunión del 29 de julio pasado, ante el reproche generalizado del Consejo Directivo por el ocultamiento de información oportuna y precisa sobre la situación financiera y legal de la asociación, Julio César Vega reconoció que su error más grande fue “haber subestimado a la contraparte”. Sólo ese día, tres consejeros presentaron su renuncia.
El encuentro fue ríspido. Diversos consejeros preguntaron a Vega si existía la intención de crear una nueva asociación civil, pues el actual Consejo no había autorizado una decisión de ese tipo, a lo que el director general respondió que esa alternativa se había planteado a los ex presidentes, pero “aún no se había definido”.
El 1 de septiembre pasado el ahora ex presidente de la asociación Philippe Boulanger hizo pública su renuncia a través de su cuenta de LinkedIn. En un breve texto dijo que su renuncia fue motivada por la falta de formalidades que confirmaran su puesto como presidente.
“Es decir, la falta de protocolización de las Asambleas y la toma de protesta del 1 de enero de 2021. Esto siempre me dejó al margen de poder actuar legalmente como representante y desde mi puesto con facultades suficientes para tomar acciones en la conducción de la Asociación y por ende el desempeño corporativo, financiero y operacional”.
Además señaló que “la situación extraordinaria actual por la cual pasa la Asociación genera una constante ingobernabilidad. A pesar de todas las reuniones organizadas, no se logra consenso. Lo que hace la toma de decisión imposible”.
Este medio de comunicación conversó con Philippe Boulanger, quien dijo que la asociación atraviesa por una situación “complicada”, de la cual no puede proporcionar más detalles al tratarse de información reservada sólo para los socios.
“Llevamos como mes y medio tratando de arreglar el tema, pero como no se llega a ningún acuerdo, para mi lo ideal es que se vuelva a formar otro consejo y la forma para activar eso es que me salga. A raíz de un evento complicado que salió y que apenas supo el Consejo, hay como cuatro o cinco consejeros que salieron, no hay forma de operar y como esto no avanza, me salgo”.
El mismo 1 de septiembre, la cuenta de Twitter de la AIMX publicó un texto firmado por Julio César Vega, en su calidad de director general, en el que informa que ante la renuncia del presidente, “conforme a la normatividad interna, tomaremos las acciones correspondientes para dar continuidad al Consejo Directivo”.
Lo cierto es que con un Consejo Directivo incompleto que de inicio carece de presidente, el camino a seguir conforme a los estatutos de la organización es convocar a asamblea extraordinaria y realizar elecciones para un nuevo grupo de decisión; en tanto, la vicepresidencia ejecutiva tendría que asumir el liderazgo, sin embargo, esta posición también está desierta.
ConsumoTIC solicitó una entrevista con Julio César Vega para conocer detalles sobre la renuncia de Philippe Boulanger y los pasos a seguir ante la ausencia del presidente de la organización.
La respuesta a dicha solicitud fue que la AIMX se está reservando la oportunidad de emitir opiniones, más allá del posicionamiento oficial firmado por la dirección general, por lo que en cuanto se haya votado por un nuevo presidente, eventualmente este medio de comunicación podría tener un acercamiento.
Hoy, la asociación se está quedando sin asociados. Es prácticamente imposible que ante una situación de estas dimensiones, permanezcan empresas que atienden estrictas políticas de cumplimiento normativo.
¿Será posible cerrar la fisura y la desconfianza generada por el ocultamiento de hechos, el desorden administrativo y la opacidad en la toma de decisiones? ¿Desaparecerá definitivamente la AIMX?
El naufragio de la Asociación de Internet MX, que hasta apenas unos meses contaba con más de 110 empresas asociadas, no es cosa menor. Desde 1999, su rol ha sido clave para el desarrollo y consolidación del ecosistema digital de México.
Durante años fue la única fuente generadora de iniciativas, investigaciones y estadísticas relacionadas con los hábitos de las personas usuarias de internet en el país, la penetración de servicios digitales de la industria financiera y sobre el valor de comercio electrónico.
Al agremiar a las empresas más representativas de la industria digital, tecnológica y de telecomunicaciones, la organización se erigió como difusora y promotora de iniciativas globales como la celebración anual del Día Mundial de Internet.
En un momento de claros desafíos y oportunidades en materia digital, es evidente que el lugar vacío tendrá que llenarse, por lo que no resultaría extraño que en la mente de varios asociados esté pasando la idea de dar vida a una nueva embarcación con tripulantes realmente comprometidos con poner en el centro de sus decisiones la ética y el bien común.
C$T-GM
