La combinación de la agenda legislativa presidencial con las alianzas electorales de 2021 puede resultar en la terminación del régimen actual de regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión, no solo del regulador independiente.
Un cambio de las reglas del juego generaría una nueva crisis de regulación de competencia en esas industrias. El 7 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que el poder Ejecutivo preparará un plan para eliminar (“reubicar”) organismos constitucionalmente autónomos (OCA), incluyendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
De acuerdo con el mandatario, los trabajadores y funciones de esas instituciones pasarían a las secretarías, incrementando significativamente el alcance de la administración pública federal centralizada, pero erosionando la estructura de los OCA.
La función de estos organismos no es solamente administrativa: son complementos del Estado, contrapesos de otras instituciones y amplían el alcance de la separación de poderes en una democracia, como escribe el Dr. José Fabián Ruíz en su artículo “Los órganos constitucionales: una visión integradora”.”
Las próximas iniciativas para eliminar a los OCA no solo impactarán industrias; tienen una implicación política en cuanto a la división de poderes y el poder público. Estas nuevas iniciativas se enmarcan también en el contexto de las políticas “de austeridad” en el gobierno.
El presidente ha promovido desde su campaña una agenda de reducción de salarios de funcionarios de alto nivel (incluyendo a los OCA y el poder Judicial) que no ha concretado precisamente por la presencia de contrapesos.
El año pasado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó la iniciativa para crear el INMECOB como un regulador que remplazara al IFT y otros dos, pero que quedó congelada.
En su anuncio de enero de 2021, el presidente prometió “reubicar” a varias de estas instituciones junto con sus funciones y trabajadores, pero potencialmente sin sus funcionarios de más alto nivel, consiguiendo así esas eliminaciones.
Si el INMECOB puede ser considerado como un antecedente directo, debe recordarse que los ahorros provenían del recorte del ramo de “servicios personales”, directamente relacionado a los puestos laborales.
Ante ello, es entendible que exista escepticismo sobre la capacidad de garantizar un “trasplante” de los OCA sin despidos. Por otro lado, el argumento del presidente de una supuesta duplicidad de funciones por los OCA debe ser sujeto a mayor escrutinio en la opinión pública, pues en el caso del IFT es impreciso.
La reforma de telecomunicaciones de 2013 especifica las atribuciones del IFT y el Ejecutivo en el sector, pues precisamente uno de los problemas que abordó la enmienda fue la “doble ventanilla” que existía entre la extinta Cofetel y la SCT.
En el caso del IFT, la coalición que apoye al presidente requeriría una mayoría calificada en el Congreso. Morena por sí solo carece de votos suficientes en las dos cámaras, pero sus aliados lo acercan bastante.
Considerando la alianza entre Morena, el PT y el PVEM de 2021 más el PES (aliado de Morena y PT en 2018, pero que no puede ir coaligado en 2021), necesitarían el voto de un diputado y 8 senadores más para obtener dicha mayoría asumiendo que todos los congresistas estén presentes y partiendo de la distribución actual de las cámaras (ver: Diputados, Senadores).
El Senado aparece como el contrapeso de iniciativas contra los OCA, pero las elecciones federales de 2021 y las negociaciones que pueden darse entre grupos parlamentarios son factores para tomar en cuenta.
La propuesta de eliminar al IFT puede convertirse en el momento “Ley Televisa” de la administración actual, ya que la desaparición del regulador puede ser el “caballo de troya” para modificar las reglas del juego, como la figura de preponderancia con la que se impusieron reglas a América Móvil y Televisa.
Hace casi 15 años, el proyecto para cambiar leyes de telecomunicaciones y radiodifusión en el contexto de la definición de candidaturas para el proceso de 2006 fue una estrategia de algunos concesionarios para afectar la regulación sectorial.
Sin duda el debate sobre elementos técnicos de la iniciativa que impacte a las telecomunicaciones será importante, sobre todo para verificar elementos del discurso presidencial, pero es importante no perder de vista que esto será un proceso fundamentalmente político.
Los partidos de oposición, y especialmente los que impulsaron la reforma de telecomunicaciones en el Pacto por México, pueden ser la fuerza que impida la erosión de los OCA. Tienen la oportunidad de defender parte de su legado, como la reforma de telecomunicaciones, y dar certidumbre jurídica al sector de las telecomunicaciones, sobre todo en un periodo en el que los servicios de esta industria son esenciales para superar la crisis del COVID-19.
Aunque el TMEC puede entrar en juego en este debate, el diseño del nuevo IFT puede adecuarse para cumplir como figura “independiente” que se menciona en el tratado, ya que no se exige explícitamente que el regulador sea un OCA.
Las elecciones de 2021 pueden modificar la composición de la Cámara de Diputados y reducir la capacidad de Morena de impulsar cambios legislativos, por lo que será interesante conocer si la eliminación de los OCA es una prioridad para este periodo legislativo o si es un elemento estratégico con el que se busque resucitar la propuesta del INMECOB como “punto medio”.
C$T-EVP
