Decidida la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); creada y puesta en marcha la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), es apremiante conocer la estrategia y ruta de trabajo que emprenderán tanto esta nueva entidad regulatoria, como el ente que ejercerá las facultades de competencia y aún más importante, cómo retomará la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) las tareas relacionadas con el sector, que apenas en la pasada administración decidieron eliminar.
Los acontecimientos de la última semana del 2024, dejaron en claro que aunque vigente, la operación del IFT está sumamente acotada, tanto por el exiguo presupuesto autorizado para este año (sólo 500 millones de pesos), como por el supuesto “albazo” de la licitación IFT-12, denunciado desde la Presidencia de la República, con la sentencia de frenar dicho proceso, lo que muestra que el instituto sólo tiene margen para respirar los pocos meses que le queden para concretar su extinción.
Bajo este contexto es imprescindible que tanto la ATDT, que inició operaciones el pasado primero de enero, la nueva entidad de Competencia que estará adscrita a la Secretaría de Economía y la SICT publiquen al menos su Plan Anual de Trabajo 2025, pues a diferencia de lo realizado en la reforma de 2013, a ninguna de estas entidades se le impuso un plazo constitucional para emprender tareas relacionadas con sus nuevas obligaciones y compromisos.
La experiencia con la creación del IFT en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 fue que el Congreso le impuso un plazo constitucional de 180 días, para cumplir con una serie de obligaciones y compromisos acordes a su responsabilidad de nuevo regulador, y que dicho sea de paso, en algunos casos representó un trabajo complicado y novedoso en materia de regulación.
Elaborar bases y convocatorias para que por primera ocasión en la historia del país se licitaran concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida (123 zonas de cobertura y 246 canales a licitar), es decir, generar las condiciones para crear dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional.
Determinar a los Agentes Económicos Preponderantes (concepto novedoso en el ámbito de la regulación), tanto en telecomunicaciones, como en radiodifusión, así como las leyes asimétricas que se les aplicaría, con el ánimo de acabar con el abundante y recurrente tema de la litigiosidad en la que incurrían los operadores que mediante amparos frenaban o buscaban anular las sanciones que les imponía la extinta Cofetel.
La Constitución del Registro Público de Concesiones, así como del programa de trabajo para cumplir con la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), y establecer los recursos presupuestales para concretar el proceso, son algunos de los ejemplos de casi una decena de obligaciones que debió cumplir el IFT para marzo de 2014, seis meses luego de su creación.
En la presente reforma, el oscurantismo es profundo, pues no sólo se carece de plazos debidamente establecidos, para que la ATDT, el nuevo ente de Competencia y la SICT cumplan tareas asignadas, sino que la extinción del IFT sigue indefinido pues esto se concretará 180 días después de entrar en vigor la nueva Ley Secundaria, proceso para el cual no se fijo fecha alguna; sólo “estamos trabajando en ello”, se tuvo como respuesta por parte de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
En la pasada administración liderada por Andrés Manuel López Obrador, la desaparición del IFT se justificó por el alto costo que representaba su operación, pero sobre todo porque el ex-presidente aseguró que “ese instituto está tomado por las empresas monopólicas de la comunicación”, a tal grado que su actuar no logró eliminar los monopolios en el ramo de las telecomunicaciones.
Bajo este contexto, conocer el Plan Anual de Trabajo de las nuevas entidades reguladoras resulta imprescindible para conocer donde estarán las prioridades de la ATDT para atender no sólo temas que quedarán en el tintero, sino nuevas obligaciones como la integración del sistema de servicio nacional de identificación personal; análisis de datos e información de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal; promover la cobertura universal y social de servicios telecom y un largo etcétera.
En el caso del nuevo ente regulatorio en materia de competencia, es obligado conocer como resolvera una lista tambien voluminosa y relacionada con temas críticos como el análisis de más de 150 operaciones de fusiones, que equivalen a alrededor del 10 por ciento del PIB de México, así como alrededor de 25 investigaciones en curso en mercados de suma importancia.
De igual forma se desconoce si dará seguimiento a las tareas realizadas en materia de Preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión o si decidirá partir de cero, lo que representaría tirar por la borda una década de trabajo y recursos invertidos en tratar de eliminar un problema que ha mostrado ser un lastre para el buen desarrollo de estos sectores y que si bien no se tuvieron los resultados esperados es obligado reconocer los avances obtenidos.
En el primer caso, el IFT realizó una tercera Revisión Bienal y emitió nuevas leyes asimétricas en noviembre de 2024, en tanto que en materia de radiodifusión, el regulador suprimió, revisó y modificó la regulación asimétrica en mayo del año pasado.
Si el gobierno de Claudia Sheinbaum anticipó que frenará la licitación de espectro radioeléctrico, se desconoce cómo y con qué equipo de trabajo resolverá la SICT recomponer este proceso, luego que en la pasada administración se decidió eliminar la subsecretaría de Comunicaciones, y que ahora tendrá la tarea relevante de dotar a la industria de telecomunicaciones de un activo importante para conformar redes 5G, un proceso que avanza aceleradamente en la comunidad internacional y donde México ya presenta ciertos retrasos.
Durante la administración obradorista, dosificar la información relacionada con la evolución de los programas ligados a este sector, o en algunos casos carecer totalmente de datos, fue la constante, tanto por parte de la SICT, como de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y del Organismo Promotor de Inversiones de Telecomunicaciones (Promtel), un tema que esperemos que no se repita durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum.
C$T-EVP
