El acoso, que sólo durante el primer trimestre del año llevó a más de 23 mil personas a dejar su trabajo, es un fenómeno alimentado por la normalización, el temor y la impunidad, pero también por el silencio público y por la pésima costumbre de las empresas e instituciones de abordar sólo en cuchicheos, lo que debiera enfrentarse fuerte, claro y con una sola consigna: Tolerancia cero.
En días recientes, un grupo de trabajadoras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señaló públicamente a Manuel Alejandro Hernández Mexia, quien es o fuera director general de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica, como la persona que acosó laboral y sexualmente a una funcionaria de la misma institución.
En la relatoría de hechos de hostigamiento y violencia de género, las firmantes de la denuncia realizada a través de redes sociales aseguran que la víctima agotó los procedimientos internos a través de instancias como el Comité para la Prevención y Atención de Casos de Violencia.
Sin perspectiva de género, señalan, no sólo se pre juzgó el caso en favor de Hernández Mexia, sino que se revictimizó a su compañera de trabajo, reubicándola de área para luego, finalmente, quedar cesada con un inverosímil argumento: pérdida de confianza.
Todo esto sucede en un país donde 93 por ciento de los delitos no se denuncian. Paradójicamente, indica la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la desconfianza en la autoridad, es una de las principales razones para callar.
Este lamentable caso surgido en el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, debería ser clave para analizar dónde nos encontramos en materia de impartición de justicia, efectividad de los mecanismos para prevenir y atender casos de violencia, pero sobre todo para identificar el abordaje oportuno que se le da a estos temas, se hagan públicos o no.
Y es que, tras la denuncia realizada en Twitter por la cuenta @YoTambienIFT, los comisionados Sóstenes Díaz, Ramiro Camacho y Arturo Robles, reaccionaron con una especie de “nado sincronizado”, pues en términos generales sus declaraciones fueron muy similares y en plural: “estamos revisando a fondo este caso” y “revisaremos los mecanismos internos de prevención y atención”.
El comisionado Javier Juárez Mojica, por su parte, fue mucho más explícito al informar que solicitó los reportes del caso al Comité de Prevención y Atención a Casos de Violencia, a la Unidad de Cumplimiento y a la Unidad de Administración, para tener certidumbre sobre si las actuaciones de estas instancias estuvieron apegadas a derecho.
En un claro posicionamiento, el funcionario también se dijo convencido que el Pleno debe impulsar de manera prioritaria la modificación del Protocolo para la Atención de Denuncias presentadas ante el Comité de Prevención, de manera que el IFT dé respuesta más efectiva tanto en la atención a las denuncias, como en las medidas de prevención de este tipo de conductas.
Incluso, la titular del Órgano Interno de Control del IFT, Griselda Sánchez Carranza, se refirió en Twitter al hostigamiento sexual atribuido al servidor público del IFT y aseguró que desde la contraloría se realiza la investigación conducente, atendiendo el caso con enfoque de género y que desde luego, “reprueba dichas conductas sin considerar el nivel jerárquico o género de la persona agresora”.
Hasta el cierre de esta columna, y pese a lo delicado del tema, el IFT no ha emitido posicionamiento institucional alguno; silencio por el que también ha optado Adolfo Cuevas Teja, presidente interino del órgano regulador. La pregunta es ¿por qué?
La postura del IFT es fundamental para aclarar dichos y hechos. ¿Es verdad que el Comité que revisó el caso acreditó las acusaciones? ¿El funcionario denunciado sigue en funciones? ¿Es cierto que la víctima fue cesada y que el presunto culpable fue conminado a renunciar tras gozar unos días de vacaciones? ¿Qué estatus guarda el caso?
En el IFT, por convicción o por obligación, se han integrado a las tendencias en materia de cultura organizacional, creando comités como el de Ética e inclusión, el de Prevención y Atención de Casos de Violencia; cuenta además, con una Dirección General de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión, es parte de iniciativas internacionales como HeForShe de ONU Mujeres, realiza constantemente cursos a nivel interno y participa en diversos foros.
Todo ello ha exigido destinar recursos humanos, tiempo y mucho dinero. ¿Ha valido la pena?. Con el lamentable caso de acoso laboral y sexual, denunciado por propias voces que laboran en dicha institución, todo parece apuntar a que los resultados son nulos.
Sin duda, para la víctima y sus compañeras que denuncian también un clima laboral adverso, hay mucho por hacer. Lo conducente primero es dar visibilización, no sólo para que en toda la estructura institucional se conozcan este tipo de acciones indeseables, sino también para saber si la actuación de las instancias responsables de vigilar y sancionar estos temas, se conducen con apego a derecho.
¿El acoso laboral y sexual sólo debe ser juzgado por instancias internas en cada dependencia o los casos que así lo ameriten deben presentarse a las autoridades correspondientes para que esto escale al ámbito penal?
Hablar fuerte y contundente sobre el castigo que merecen los casos de acoso laboral y sexual también es un mecanismo para inhibir estas conductas, pues tal como lo dijera el periodista y escritor Eduardo Galeano, “la impunidad premia el delito, induce a su repetición, estimula al delincuente y contagia su ejemplo”.
C$T-GM