Naturalmente, la agenda de temas durante la elección observará tópicos más amplios. Como referencia, herramientas como la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2015 del INEGI señala que temas como la inseguridad, delincuencia y la corrupción son temas que preocupan a la ciudadanía.
No se prevé que entre las propuestas de campaña se enumeren condiciones para permitir captar las oportunidades las redes 5G o para fomentar la modernización de 4G, pero lo que sí se puede anticipar es que las telecomunicaciones y en general las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) merezcan una mención como herramientas para objetivos de desarrollo social, empleo o seguridad.
Es cierto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) concentra atribuciones importantes como regulador autónomo. La planeación del uso del espectro, la realización de subastas y la regulación de competencia económica en telecomunicaciones pasan por esta institución, pero las leyes mantienen atribuciones para el Congreso y el Poder Ejecutivo en temas como pagos por aprovechamiento del espectro, inclusión digital e incluso política de uso del espectro.
Las redes 5G tienen beneficios conceptuales bien conocidos, como baja latencia, mayores velocidades o soporte a Internet de las Cosas (IoT) masivo, pero estos beneficios no ocurren en un vacío. Por lo tanto, hay acciones en la esfera de la regulación y política pública que pueden incidir.
Un tema crucial para esta nueva generación móvil es la disponibilidad de espectro. De momento los operadores en México mantienen tres redes en operación simultánea (2G, 3G, 4G) y el despliegue de una nueva red inalámbrica depende de que un operador pueda usar el espectro que tiene o que tenga acceso a nuevas frecuencias identificadas para este propósito.
Aunque se está analizando el potencial de bandas altas (por encima de los 20 GHz), es probable que esta capacidad se integre más bien a estrategias de bandas mixtas que terminen de dar forma a las redes 5G. En este sentido, es importante considerar que el nuevo espectro y el que ya se tiene concesionado serán los cimientos de estas nuevas redes.
Las redes 2G son fuertes candidatas para desaparecer durante el próximo sexenio. Los usuarios en México poco a poco han ido migrando hacia 3G y 4G por factores como ampliación de la cobertura y terminales más asequibles, pero también hay incentivos desde los operadores para ponerle fecha al «apagón 2G».
Concretamente, estas redes son menos eficientes en áreas como el uso del espectro, lo que implica mantener este costo operativo para atender pocas conexiones. Por lo tanto, cortar estos costos y destinar este espectro a las redes más modernas es un objetivo dentro del concepto del apagón 2G.
No hay impedimento legal para utilizar el espectro que actualmente sirve a las redes 2G en otro tipo de redes, pero en este punto es importante evitar que se generen barreras para mantener por más tiempo estas redes y buscar en su lugar esquemas para ayudar el recambio tecnológico en los usuarios.
La agenda de inclusión digital puede ser un espacio desde el Poder Ejecutivo para buscar espacios para generar programas o colaboraciones para incentivar, por ejemplo, el acceso a terminales 3G o 4G a bajo costo mediante mercados secundarios o programas de financiamiento con operadores.
La penetración del servicio móvil no supera en México el 95 por ciento (una de las más bajas en Latinoamérica), por lo que las tareas de inclusión pueden considerar el potencial del acceso móvil a partir de tecnologías de banda ancha móvil, siempre y cuando se logre extender la cobertura de las mismas.
Por otro lado, el Congreso tendrá entre sus facultades fijar el nivel de los derechos anuales que se paga por utilizar el espectro, un poder que impactará directamente los precios de las nuevas licencias de espectro que se plantean ofrecer.
De acuerdo con la base de datos de espectro de Telconomía, en México los que se cobran por derechos fijados por el Congreso representan en promedio el 83 por ciento del costo total de las licencias.

Las bandas de 600 MHz y 2.3 GHz son bandas que pueden agregar en conjunto alrededor de 170 MHz de espectro hacia 2020, cuando se contemplan ofrecer. En este caso, el Congreso fijará el precio de estos derechos, pero niveles muy altos pueden limitar el interés en invertir en estas nuevas licencias.
Por otro lado, aunque para determinar el valor de estas bandas hay antecedentes (850 MHz, 2.5 GHz, 700 MHz), las bandas altas (sobre 20 GHz) necesitan otra racionalidad para valorarlas.
Por ejemplo, los bloques de las bandas de 600 MHz o 2.3 GHz estarán en el orden de decenas de MHz, pero si se utilizan bandas como 37-40 GHz, los bloques potenciales podrían tener un ancho de banda de cientos de MHz. Además, estos espacios podrían estar sujetos a nuevas modalidades de uso, como uso compartido entre concesionarios o esquemas que presenten una ruptura con el modelo de acceso exclusivo licenciado.
El espectro es un punto importante en este cambio de generaciones en las tecnologías móviles.
Este será un tema fundamentalmente federal, pero hay espacio para colaborar con gobiernos locales en el apartado de la infraestructura, en donde la homologación de criterios de urbanismo y reducción de barreras a equipo con menor impacto urbano (como las small cells) pueden generar certidumbre para estas nuevas instalaciones sin las cuales no será posible el despegue de la próxima generación y nuevos casos de uso.
C$T-EVP