A pesar de que México cuenta con leyes para proteger al comercio local de prácticas desleales; a los consumidores de abusos de proveedores y a las personas de la exposición indebida de sus datos, toda esa legislación está diseñada para el mundo físico y no para el comercio digital, por lo que urge la creación de una Ley de Comercio Electrónico, que regule todos estos aspectos, advirtió Armando Vélez, vocero de la cumbre de comercio electrónico ESCE 2024.
“La implementación de una legislación específica y robusta no solo aumentaría la confianza en el comercio en línea, sino que también impulsará el crecimiento económico al crear un entorno más seguro y predecible para las transacciones digitales”, sostuvo el también director de comercio digital para Latinoamérica de SkillNet Solutions.
Recordó que el valor del comercio digital en México llegó a 33 mil millones de dólares en 2023, con más de la mitad de la población comprando en línea, ubicando al país en el segundo lugar en esa materia en América Latina tan sólo después de Brasil, según Statista Research Department.
De ahí la necesidad de contar con un cuerpo legal robusto y especializado, ya que todo el comercio se rige actualmente en México por el Código de Comercio y Leyes mercantiles, además de La Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Comercio Exterior y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares (LFPDPPP), que si bien funcionan para el comercio tradicional, no están diseñadas para el comercio digital.
Por ejemplo, las limitaciones de la Ley de Comercio Exterior ante la realidad del comercio digital, generan la oportunidad para algunos de “inundar” el mercado con productos chinos casi a costos de producción. Al final, los proveedores venden como marca genérica y la cadena de valor se afecta. Se pone en jaque a marcas, proveedores y distribuidores locales.
De hecho, los fabricantes locales comenzarán a cerrar tiendas o fábricas rápidamente como ya está pasando con Flexi. Incluso, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) se quejó con el SAT en enero de este año, por la incursión de marcas y empresas chinas que están entrando a competir de manera injusta e inequitativa. “Amazon, por ejemplo, tendrá un nuevo sitio eCommerce donde se venderá directo de fabricantes chinos, para no ver reducida su penetración en este segmento”.
A su vez, la falta de regulación para equilibrar la competencia perjudica a las empresas, pues de acuerdo con Digital Commerce 360, el año pasado, 96 por ciento de los consumidores compró a través de marketplaces, lo que lleva a estos gigantes comerciales a controlar 43 por ciento del comercio digital en el mundo, en detrimento de los canales directos de las marcas que evidentemente no pueden competir con tales monstruos.
Armando Vélez advirtió que si bien la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha hecho un gran esfuerzo por defender lo mejor posible los intereses de los consumidores, no cuenta con las herramientas necesarias para defenderlos en el comercio digital.
“La falta de una Ley clara y específica para el comercio digital genera desconfianza entre los consumidores, quienes temen ser víctimas de fraudes y recibir productos defectuosos o no recibirlos en absoluto. La implementación de una ley para regular el comercio electrónico proporcionaría un marco claro y predecible para todos los actores”.
También se presenta un riesgo importante para la protección de datos personales. Si bien la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares proporciona certeza en el mundo físico, es necesario adaptar una regulación específica para el comercio digital.
“Los datos de los consumidores están expuestos a riesgos de robo y mal uso. Adaptar la legislación existente para abordar estas necesidades específicas incluiría requisitos más estrictos para la recopilación, almacenamiento y uso de datos personales, así como sanciones severas para el incumplimiento, garantizando con ello la seguridad de la información de los usuarios”, señaló.
De ahí la necesidad de una Ley de Comercio Electrónico que cubra todos estos aspectos y proteja tanto a los fabricantes y comerciantes, como a los consumidores en un ecosistema seguro y con mecanismos rápidos y eficientes para resolver cualquier controversia.
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