Ante el creciente volumen de ventas del comercio electrónico en América Latina y el Caribe (LAC), y los desafíos que presenta en su conjunto la economía digital, es urgente emprender iniciativas para asegurar una recaudación eficiente y eficaz del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un gravamen que sólo en 2019 representó 27.7 por ciento de los ingresos tributarios totales de la región.
Ello, no sólo para generar los ingresos necesarios a fin de financiar el desarrollo sostenible y reforzar el poder redistributivo de la política tributaria en la región después de la crisis, sino también para evitar distorsiones de la competencia entre proveedores en línea y los comercios físicos tradicionales, señala el documento “Kit de Herramientas de IVA Digital para Latinoamérica y el Caribe”.
El reporte elaborado por el BID, la OCDE y el Grupo Banco Mundial, pronostica que el comercio electrónico penetrará entre 63 por ciento de la población total de América Latina en 2022, comparado con el 45 por ciento registrado al inicio de 2020, lo que representará la atracción de 84 millones de nuevos consumidores.
“Se estima un crecimiento en LAC del comercio electrónico de bienes de 21 por ciento en términos interanuales en 2020, y análogamente, de entre 20 a un 30 por ciento respecto del comercio electrónico de servicios y productos digitales”.
Sin embargo, la recaudación del IVA disminuyó considerablemente en 2020, sobre todo durante el primer semestre del año; y si bien hubo cierta recuperación durante el segundo semestre, se aprecia en general una marcada disminución en comparación con 2019.
“Gobiernos de todo el mundo han reconocido que los desafíos de la economía digital en materia de IVA requieren una respuesta coordinada a nivel mundial, que permita a la vez maximizar los niveles de cumplimiento y minimizar sus costos, apoyar la cooperación internacional efectiva en la administración y aplicación de impuestos y minimizar los riesgos de distorsión del comercio”.
El reporte subraya que el crecimiento de la economía digital, que desempeña un papel cada vez más relevante o incluso definitorio en la economía en general, suscita cuestiones fundamentales de cara al diseño y administración del conjunto de los impuestos directos e indirectos.
El tema común que subyace a estas cuestiones es la posibilidad de ejercer actividades económicas en una jurisdicción sin necesidad de desarrollar una actividad física o de disponer de un establecimiento en ella.
El IVA supone, en promedio, la mayor fuente de recursos tributarios en Latinoamérica y el Caribe, representando 27.7 por ciento de los ingresos tributarios totales en 2019; dichos ingresos, como porcentaje del PIB, se duplicaron con creces para los países de la región entre 1990 y 2019, pasando en promedio de un 2.2 por ciento del PIB en 1990 a un 6.0 por ciento en 2019.
Dentro de la región, América del Sur registró la cuota más alta de ingresos procedentes del IVA, con una media del 30.5 por ciento en 2019, frente al 27.9 por ciento en los países del Caribe y el 24.8 por ciento de América Central y México.
“Salvaguardar esta importantísima fuente de ingresos en una economía en rápida transformación producto de la digitalización y la globalización constituye una prioridad para muchos gobiernos de América Latina. La mayoría de las jurisdicciones que aplican el IVA en otras regiones del mundo se encuentran en una situación similar”.
Sin embargo, la necesidad de eventuales reformas puede ser más urgente en América Latina y el Caribe puesto que se trata de una de las regiones del mundo donde más rápido ha crecido el comercio electrónico, pese a lo cual las respuestas legislativas en materia de IVA a esta nueva realidad económica han sido relativamente limitadas.
En este contexto, la OCDE presentó un marco integral de política tributaria aceptado internacionalmente para abordar los desafíos de la economía digital en materia de IVA, que refleja un amplio consenso sobre las soluciones eficaces y eficientes entre las autoridades fiscales de todo el mundo.
Dicho marco plantea pilares fundamentales como el de crear la base jurídica para que las jurisdicciones establezcan y hagan valer su derecho a aplicar el IVA al comercio electrónico internacional, lo que incluye normas aceptadas internacionalmente para determinar el “lugar de imposición” de los servicios en línea y los productos digitales por referencia a la ubicación del cliente.
Así como garantizar la recaudación eficaz del IVA sobre las ventas en línea de bienes, servicios y productos digitales por parte de proveedores en línea extranjeros mediante mecanismos electrónicos de registro y recaudación simplificados.
Otro pilar planteado por la OCDE es aumentar la eficacia de la recaudación del IVA exigiendo a los operadores de plataformas digitales, que dominan en gran medida el comercio electrónico mundial, que recauden y paguen el IVA correspondiente a las ventas realizadas a través de sus respectivas plataformas.
Mejorar el cumplimiento del IVA por parte de proveedores en línea extranjeros mediante estrategias modernas basadas en la gestión del riesgo y el fortalecimiento de la cooperación administrativa, es otro eje fundamental.
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